El convenio firmado entre el Gobierno del Chubut y YPF para la transferencia de activos y el cierre del proceso de salida de la petrolera de la provincia comenzó su tratamiento en la Legislatura, donde el oficialismo confía en obtener la aprobación durante la sesión prevista para este jueves.
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto y Hacienda y Desarrollo Económico, que trabajarán entre martes y miércoles para emitir dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto.
En el plano legislativo, Despierta Chubut cuenta con los 14 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple, por lo que tiene asegurada la aprobación del convenio. No obstante, desde el oficialismo buscan ampliar el respaldo político con el acompañamiento de bloques aliados y legisladores independientes.
Entre quienes ya manifestaron diferencias aparece el diputado Sergio González, quien adelantó que no acompañará el proyecto en los términos actuales. Si bien respaldó la transferencia de bienes y tierras de YPF a la comunidad, cuestionó que el acuerdo incluya aspectos vinculados a la responsabilidad ambiental de la empresa.
“No podemos poner en la misma bolsa la entrega de bienes con una renuncia presente o futura a reclamar por daño ambiental”, sostuvo el legislador.
González planteó que el retiro de la petrolera debería replicar el esquema aplicado en Santa Cruz, donde la empresa debió responder por los pasivos ambientales antes de abandonar la actividad.
Otro de los ejes de la controversia gira en torno a la administración de los activos que dejará YPF. El diputado cuestionó que el municipio de Comodoro Rivadavia no tenga un rol central en la definición del destino de los inmuebles y consideró que la ciudad debería participar de las decisiones.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron el esquema impulsado por el Ejecutivo provincial. El diputado Sixto Bermejo señaló que la administración inicial de los recursos corresponde a la Provincia, aunque remarcó que los fondos y bienes deberán beneficiar a Comodoro Rivadavia.
“Que lo maneje la municipalidad no garantiza que sea para la gente”, afirmó Bermejo al referirse al debate sobre quién administrará los recursos derivados del convenio.
Con el respaldo numérico prácticamente asegurado, el foco de la discusión pasará por el nivel de consenso político que logre reunir el proyecto y por los cuestionamientos vinculados a las responsabilidades ambientales de YPF y la administración de los bienes que pasarán a manos del Estado.
