Un conflicto judicial iniciado en Estados Unidos podría tener derivaciones políticas en la provincia de Chubut. Según una publicación del diario La Nación, el caso involucraría a la empresa norteamericana Red Chamber Group y al actual gobierno provincial encabezado por Ignacio Torres, en el marco de un presunto pedido de sobornos en criptomonedas.
El episodio, conocido como el “affaire del langostino”, habría surgido tras la rescisión del contrato de arrendamiento entre la provincia y la compañía, encargada de operar los activos de la ex Alpesca en Puerto Madryn. El vínculo comercial, que permitía a Red Chamber gestionar la planta de procesamiento de langostino, se habría deteriorado a partir de reclamos cruzados por inversiones y pagos de cánones.
En una demanda presentada ante un tribunal federal de California, la empresa habría incluido entre sus argumentos la supuesta solicitud de un pago de 6,5 millones de dólares en criptomonedas “no rastreables”, presuntamente realizada por el entonces ministro de Economía y hoy Fiscal de Estado, Andrés Meiszner. Según trascendió, el planteo formaría parte de un litigio más amplio contra la firma española Profand por competencia desleal y robo de secretos comerciales.
Desde el gobierno provincial, las versiones fueron enfáticamente rechazadas. Meiszner aseguró a La Nación que las acusaciones son “falsas, carentes de sustento jurídico y sin correlato judicial ni en la Argentina ni en el exterior”.
El funcionario sostuvo además que se trata de una “interpretación errónea dentro de una causa extranjera que nada tiene que ver con la provincia”, y anunció posibles acciones legales por difamación.
En los últimos días, el tema se instaló en la agenda política y mediática de Chubut, mientras referentes del sector pesquero y legisladores opositores solicitaron explicaciones públicas. El caso habría derivado, según fuentes cercanas a las partes, en un acuerdo extrajudicial: Red Chamber dejaría los activos de Puerto Madryn y proyectaría una nueva planta industrial en Trelew, poniendo fin al conflicto comercial.
Aunque el supuesto arreglo aún no fue confirmado oficialmente, analistas políticos advirtieron que el tema podría abrir un frente de desgaste para la administración de Torres, en un contexto donde la transparencia en la gestión pública se ha vuelto un eje de debate nacional.
Por ahora, no existe ninguna causa penal ni denuncia formal en la Argentina vinculada a estos hechos, y todo indicaría que la controversia se circunscribe al ámbito civil y comercial. Sin embargo, la sola mención de un pedido de coimas en criptomonedas y la participación de un funcionario en funciones bastaron para encender las alarmas en la provincia y en el entorno político del oficialismo.
