La investigación judicial contra Facundo Moyano continúa luego de que el exdiputado recuperara la libertad tras prestar declaración indagatoria. Si bien ya no permanece detenido, sigue imputado por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad agravados por un contexto de violencia de género y deberá cumplir una serie de medidas restrictivas mientras avanza la causa.
Entre las disposiciones dictadas por la Justicia se encuentra una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros y la imposibilidad de mantener cualquier tipo de contacto con Candela Arizaga, quien realizó la denuncia que dio origen al expediente.
El caso se inició durante la madrugada del martes, cuando personal de la Policía de la Ciudad y del SAME acudió a un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer semidesnuda corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano junto a un hombre. Posteriormente, ambos fueron identificados como Facundo Moyano y Candela Arizaga.
De acuerdo con la investigación, en un primer momento la joven manifestó que había sido agredida por Moyano durante un episodio en el que habría existido consumo de estupefacientes. Sin embargo, tras ser trasladada al Hospital Pirovano, modificó su versión y declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad que no había sido víctima de una agresión.
Luego del allanamiento realizado en la vivienda del exdiputado y de su declaración ante la fiscalía, la Justicia resolvió otorgarle la libertad. Al retirarse de la sede judicial, Moyano afirmó ante la prensa: “Está todo aclarado”.
La fiscalía, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, continuará con distintas medidas de prueba para determinar lo ocurrido. Entre ellas se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los informes médicos, las pericias realizadas durante el allanamiento y la toma de declaraciones testimoniales.
Además, se espera una nueva declaración de Candela Arizaga, mientras los investigadores buscan establecer si existieron elementos que permitan acreditar los delitos por los que Moyano permanece imputado.
Según explicó el abogado Ignacio Barrios, la presunta privación ilegítima de la libertad constituye un delito de acción pública. Esto significa que la investigación puede continuar aun cuando la denunciante no impulse la acusación o modifique su declaración.
En las próximas horas también podrían conocerse los primeros resultados de las pericias incorporadas al expediente, elementos que serán determinantes para definir el rumbo de la causa y las próximas decisiones judiciales.
Fuente: Medios
