En medio del impacto político que genera el caso que involucra a Manuel Adorni, el oficialismo en la Cámara de Diputados busca exhibir movimiento y ordenar la agenda parlamentaria. Con ese objetivo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, alcanzó un principio de acuerdo con distintos bloques dialoguistas para convocar a una sesión el próximo miércoles 20.
La iniciativa fue consensuada en reuniones con referentes de distintas bancadas y contempla un temario que incluye la Ley Hojarasca, que propone la derogación de más de 70 normas consideradas en desuso, la reforma del régimen de Zonas Frías con impacto en las tarifas de gas de Córdoba, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una serie de convenios internacionales.
El esquema de trabajo prevé dictaminar los proyectos durante la semana previa para luego llevarlos al recinto en la fecha acordada con los aliados legislativos.
Las conversaciones incluyeron a diputados como Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Oscar Zago (MID), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) y Gladys Medina (Independencia), entre otros.
Por parte del oficialismo participaron Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Gisela Castelnuovo. Esta última quedó como enlace con el Senado para el seguimiento de la reforma electoral, con la intención de coordinar su tratamiento en ambas cámaras.
El encuentro se realizó en oficinas vinculadas a Martín Menem, aunque el titular de la Cámara de Diputados no estuvo presente. En su entorno señalaron que la coordinación de la agenda legislativa recae en Bornoroni, aunque admitieron que Menem suele intervenir en este tipo de negociaciones.
Uno de los puntos más sensibles del temario es la modificación del régimen de Zonas Frías, que genera tensiones políticas en Córdoba. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo cambia el criterio de asignación de subsidios: deja de basarse en factores climáticos para priorizar niveles de ingresos.
La iniciativa mantiene el beneficio pleno para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, pero restringe su alcance en las zonas incorporadas al régimen en 2021. Allí, el subsidio quedaría limitado a hogares incluidos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla ingresos de hasta tres canastas básicas totales y determinados grupos específicos como veteranos de Malvinas.
En Córdoba, el recorte impactaría en la capital provincial y en distintos departamentos, lo que encendió críticas desde la oposición.
La diputada de Unión por la Patria Gabriela Estévez cuestionó el cambio al señalar que se trata de “una modificación del espíritu original de la ley” y advirtió que la nueva lógica “puede dejar afuera a miles de familias trabajadoras”.
Según estimaciones opositoras, el recorte podría implicar aumentos de hasta el 50% en las facturas de gas para los sectores alcanzados por la medida.
Fuente: Medios
