El Gobierno nacional anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en gran parte del país como Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de simplificar el trámite, reducir costos para los conductores y ampliar los lugares donde se puede realizar el control.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Desregulación y plantea modificaciones en la periodicidad de las revisiones técnicas y en la habilitación de nuevos centros de verificación.
Uno de los cambios más importantes es la extensión de los plazos para realizar los controles. Según el nuevo esquema propuesto, los vehículos 0 km deberán realizar la primera revisión a los cinco años de su patentamiento. Luego, los autos de entre cinco y diez años deberán verificar cada dos años, mientras que los vehículos más antiguos mantendrán controles más frecuentes.
Desde el Gobierno señalaron que estudios internacionales indican que las fallas mecánicas representan un porcentaje muy bajo de los accidentes de tránsito, mientras que la gran mayoría de los siniestros se producen por errores humanos.
La reforma también propone ampliar los lugares donde se podrá realizar la verificación técnica. Además de las plantas habilitadas, el servicio podría ofrecerse en concesionarias, talleres autorizados y centros que ya realizan controles a vehículos de transporte de carga.
Según el Ejecutivo, esta apertura permitirá aumentar la competencia entre prestadores, reducir los tiempos de espera para obtener turnos y mejorar la cobertura territorial del servicio.
Otra de las medidas anunciadas es la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite que era obligatorio para vehículos destinados al transporte de cargas o pasajeros antes de realizar la revisión técnica.
Desde el Gobierno consideran que se trataba de un procedimiento burocrático que generaba costos adicionales sin aportar mejoras concretas en materia de seguridad vial.
La implementación de los cambios será gradual y dependerá, en gran parte, de la adhesión de las provincias, que tienen la potestad de regular y controlar el tránsito en sus jurisdicciones.
