El proyecto, denominado “Argentina LNG”. Según los fundamentos del texto, la obra contempla la construcción y operación de infraestructura a gran escala, incluyendo plantas offshore de licuefacción, gasoductos y terminales portuarias en la costa atlántica rionegrina.
El objetivo central es integrar la producción de Vaca Muerta con una salida exportadora directa. Se prevé una capacidad inicial de procesamiento de 12 millones por año, con posibilidades de expansión futura.
“Río Negro se posiciona hoy como el hub energético más importante de la Argentina y de América Latina”, destaca el documento enviado por el Ejecutivo, subrayando que la iniciativa proyecta la generación de hasta 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante su ejecución.
Marco legal y beneficios fiscales
La ley propuesta busca dotar de seguridad jurídica y estabilidad fiscal a la inversión, en línea con el régimen nacional de promoción de grandes inversiones. Entre los puntos clave del articulado se destacan la declaración de interés público, exenciones impositivas y el uso del suelo, ya que establece la desafectación de la calidad de dominio público provincial de las superficies de inmuebles costeros necesarias para el proyecto.
Impacto local y “Licencia Social”
El gobierno provincial enfatiza que el acuerdo no es solo una medida económica, sino una herramienta de desarrollo territorial. El Acta Acuerdo incluye obligaciones para las empresas, como la prioridad en la contratación de mano de obra y proveedores locales.
Asimismo, se estipulan aportes económicos para la comunidad y la implementación de programas de formación técnico-profesional en conjunto con la Fundación YPF y entidades educativas, con el fin de preparar a los rionegrinos para los perfiles especializados que demandará la industria.
“La certeza jurídica que brindamos se traduce en empleo genuino y beneficios para nuestros rionegrinos”, argumentó el Gobernador en la nota de elevación, destacando que la intervención de la Legislatura es fundamental para asegurar el control y la legitimidad del proceso.
El proyecto invita además a los municipios donde se desarrollen las obras a adherir a la ley y dictar sus propias normas para facilitar la implementación de esta infraestructura de clase mundial.
