El Gobierno nacional delegó en nueve provincias la facultad de gestionar, reparar y concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, mediante esquemas de obra pública financiados con el cobro de peajes.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y apunta a descentralizar funciones operativas para que los gobiernos provinciales administren de manera directa parte de la infraestructura vial.
Las provincias alcanzadas por la medida son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Según la normativa, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones a empresas privadas, sociedades mixtas o entes públicos para ejecutar tareas de mantenimiento, conservación y mejoras sobre los corredores asignados.
El decreto aclara que la delegación de facultades será funcional, limitada, temporal y revocable. Además, establece que el Estado nacional mantendrá la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados. En ningún caso los contratos podrán superar los 30 años desde su aprobación.
Para avanzar con el nuevo esquema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán los tramos alcanzados y los planes de obras correspondientes.
La normativa también exige que los procesos licitatorios respeten criterios de publicidad, competencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo el control y seguimiento de los contratos.
Además, se fijó un plazo de un año desde la firma de cada convenio para convocar a licitación. Si ese proceso no se concreta en ese período, la delegación quedará sin efecto para el tramo correspondiente.
Fuente: Medios
