La iniciativa ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
El proyecto propone derogar por completo la normativa vigente, lo que implicaría eliminar los octógonos negros de advertencia en los envases de alimentos y bebidas, así como las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y el uso de personajes infantiles en productos alimenticios.
En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley —basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)— evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justificarían su eliminación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al sistema de perfil nutricional utilizado por la normativa actual. Según el Gobierno, el modelo aplica criterios homogéneos sobre alimentos muy diferentes, sin considerar las porciones efectivamente consumidas ni la densidad nutricional de cada producto.
De acuerdo con el documento enviado al Congreso, esto provoca que alimentos considerados tradicionales o saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, generando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión entre los consumidores.
La Casa Rosada también cuestionó el funcionamiento “binario” del sistema, al señalar que el esquema actual no reconoce ni incentiva las mejoras parciales que las empresas puedan realizar en la composición nutricional de sus productos.
Otro de los argumentos planteados por el Gobierno está vinculado a las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Según el proyecto, la falta de armonización regional obliga a muchas empresas a fabricar envases diferenciados para Argentina, generando mayores costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
El texto también critica la “rigidez normativa” de la ley vigente, al considerar que varios criterios metodológicos y técnicos quedaron incorporados directamente en el cuerpo legal, dificultando actualizaciones rápidas frente a nuevos consensos científicos o cambios en las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
No obstante, el Ejecutivo aclaró que la derogación no implicaría eliminar la información nutricional obligatoria en los alimentos envasados. Continuarán vigentes las exigencias establecidas por el Código Alimentario Argentino y las normativas armonizadas del Mercosur respecto a la declaración de calorías, azúcares, grasas y sodio.
Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un sistema que considera “más uniforme, adaptable y técnicamente consistente”.
Fuente: Medios
