El Gobierno nacional trabaja en un nuevo proyecto de ley energética que incluirá cambios en el esquema de subsidios al gas, una revisión del régimen de Zonas Frías y modificaciones en beneficios fiscales vinculados a las energías renovables.
La propuesta retomará artículos que formaban parte del capítulo energético del Presupuesto 2026, pero que no fueron aprobados en el Congreso. Entre los principales objetivos oficiales figura la reducción del número de hogares alcanzados por subsidios en la factura de gas, en medio de mayores restricciones fiscales y la volatilidad internacional de los precios del petróleo y el gas.
Fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que el proyecto no sería enviado al Parlamento en el corto plazo, aunque ya genera preocupación en varias provincias por el eventual impacto en los cuadros tarifarios y en los beneficios vigentes.
Uno de los ejes centrales será la modificación del sistema de descuentos para usuarios residenciales ubicados en regiones de bajas temperaturas. Actualmente, el beneficio alcanza a hogares de la Patagonia, el departamento de Malargüe y la región de la Puna, pero también a zonas incorporadas en la ampliación aprobada en 2021, como sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.
La ley original, sancionada en 2002, beneficiaba únicamente a provincias patagónicas. Tras la ampliación votada en 2021, el universo de usuarios alcanzados pasó de unos 950.000 a cerca de 4 millones de hogares, lo que representa aproximadamente la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
Desde la Casa Rosada consideran que ese crecimiento incrementó de manera significativa el costo del fondo fiduciario que financia los descuentos tarifarios, por lo que buscan rediseñar el padrón de beneficiarios y focalizar la asistencia.
En paralelo, el presidente Javier Milei ya otorgó por decreto nuevas atribuciones al ministro de Economía Luis Caputo para modificar el recargo que financia el Fondo Fiduciario de Zonas Frías. Ese cargo adicional se aplica sobre el precio del gas natural en el ingreso al sistema de transporte. Con la nueva normativa, el Ejecutivo quedó habilitado para incrementarlo hasta en un 50%, lo que llevaría el tope actual del 7,5% al 11,25%.
La definición sobre una eventual suba sería comunicada hacia fines de mes. Especialistas del sector estiman que, aun si se aplica el máximo aumento permitido, el impacto directo en la tarifa final sería acotado.
El borrador también contempla extender beneficios impositivos para energías renovables, mecanismos para compensar deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa y nuevas herramientas administrativas para las áreas de minería y energía.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca reordenar subsidios, reducir gasto público y fortalecer el margen de maniobra oficial sobre la política energética en los próximos años.
Fuente: Medios
