El Senado de la Nación aprobó en general la reforma de la Ley de Salud Mental, impulsada por el Gobierno nacional, con 42 votos afirmativos y 21 negativos. La iniciativa introduce cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, amplía el reconocimiento de las adicciones como problemas de salud mental y mantiene la prohibición de crear manicomios. Tras la votación, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La propuesta establece que las internaciones involuntarias podrán disponerse ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, cuando no sean posibles otros abordajes terapéuticos. En casos de emergencia, un solo médico podrá indicar la internación, preferentemente un psiquiatra, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
Además, la reforma contempla la notificación de la internación a la Justicia, habilita las teleconsultas con profesionales de psiquiatría y establece que deberá existir un plan de egreso desde el momento del diagnóstico. También prevé la comunicación anticipada con familiares y representantes legales para coordinar las condiciones de salida del paciente.
Otro de los cambios centrales es la ampliación del abordaje de las adicciones, que permitirá incluir problemáticas como la ludopatía dentro de los tratamientos de salud mental. En el caso de los menores de edad, se establece que deberán recibir atención de equipos especializados en salud infantojuvenil y permanecer internados en espacios separados de los adultos.
El texto también incorpora un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias para financiar la implementación de la ley, con recursos que deberán contemplarse en el Presupuesto Nacional. Este punto fue uno de los principales ejes de discusión durante el debate, debido a las diferencias entre los bloques sobre la disponibilidad de fondos para garantizar la atención.
La iniciativa consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz, entre otros sectores. En tanto, votaron en contra integrantes del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal.
El debate comenzó después de las 22.30, una vez finalizado el tratamiento de otros proyectos vinculados con inversiones relevantes y el mercado voluntario de carbono. El texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo recibió modificaciones durante su discusión, luego de que distintos bloques aliados plantearan objeciones a algunos de sus puntos.
Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Salud del Senado, Ivana Arrascatea, defendió la reforma y resumió su objetivo con una expresión: «Llegar a tiempo». La legisladora sostuvo que el cambio busca permitir intervenciones oportunas ante situaciones de riesgo y afirmó que la legislación vigente resultaba insuficiente para responder a determinadas necesidades del sistema de atención.
Por su parte, el senador de Convicción Federal, Guillermo Andrada, cuestionó que la falta de recursos haya limitado la aplicación de la ley actual. «La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley», señaló durante su intervención. También sostuvo que el modelo de atención comunitaria no recibió el financiamiento necesario para funcionar adecuadamente.
El radical Maximiliano Abad expresó su preocupación por las personas que atraviesan padecimientos mentales y consumos problemáticos, aunque manifestó diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes. «Nadie puede ser indiferente al dolor que atraviesan miles de argentinos que sufren padecimientos mentales y consumos problemáticos», afirmó.
En la misma línea, el senador de Movimiento por Misiones, Carlos Arce, planteó que las provincias deben contar con los medios necesarios para garantizar la atención de sus habitantes. El legislador respaldó el dictamen y destacó la importancia de disponer de recursos para implementar las modificaciones.
En cambio, Gerardo Zamora, del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero, advirtió sobre las responsabilidades que la reforma trasladaría a las administraciones provinciales. El senador cuestionó que se asignen nuevas obligaciones sin garantizar previamente el financiamiento necesario y planteó la necesidad de discutir cómo se sostendrán económicamente las políticas de salud.
Al cerrar el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y sostuvo que el objetivo de la reforma es fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Además, diferenció a los hospitales especializados de los manicomios, cuya creación continuará prohibida.
La sesión había comenzado con la presencia de 38 senadores. En la apertura, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó juramento a la legisladora riojana Claudia López, quien asumió en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. Luego, el cuerpo realizó homenajes al exsenador, al exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo Néstor Di Próspero y al expresidente Néstor Kirchner.
Durante el primer tramo de la jornada, la Cámara alta también dio estado parlamentario a nuevas postulaciones para el Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería. Entre ellos, figuró el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para su promoción a la categoría de ministro plenipotenciario de segunda clase.
Asimismo, los senadores otorgaron tratamiento preferencial a proyectos vinculados con la ludopatía y con el Fondo de Asistencia, además de aprobar una resolución para destacar la visita del papa León XIV e invitarlo a pronunciar un mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Fuente: Medios
