El oficialismo consiguió este jueves la sanción definitiva de la reforma laboral en el Senado y anotó un nuevo triunfo político para la gestión de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones, luego de una jornada atravesada por manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.
La discusión se produjo poco después de que el Parlamento avanzará con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, en un contexto de fuerte tensión política. La mayoría que permitió la sanción de la norma se construyó con el respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas.
Uno de los datos salientes fue la ratificación de los cambios introducidos previamente en Diputados, entre ellos la eliminación del controvertido artículo 44, que proponía reducir hasta un 50% el salario de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves.
El texto aprobado incorpora modificaciones en materia de indemnizaciones, crea el Fondo de Asistencia Laboral, elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, limita las tutelas sindicales y el derecho a huelga, y habilita la actualización de estatutos profesionales, entre otros puntos que despertaron cuestionamientos de la oposición.
Defensa oficialista
El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, miembro informante del dictamen, sostuvo que la norma es fruto de un “profundo proceso democrático de debate y negociación”. Según explicó, la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral y brindar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores.
También destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral para dar certezas ante eventuales despidos y subrayó la importancia de incentivar a las pymes, responsables de más del 70% del empleo, a través de esquemas como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). En ese sentido, recordó que el RIGI fue un primer paso orientado a grandes inversiones, pero consideró necesario ampliar los estímulos para el entramado productivo local.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tuvo un rol central en las negociaciones previas y celebró efusivamente el resultado. En su discurso de cierre cuestionó a las gestiones anteriores por, según dijo, haber fomentado la informalidad “en nombre de los trabajadores” y aseguró que la nueva ley busca devolver previsibilidad y promover el crecimiento tras más de una década de estancamiento.
Críticas de la oposición
Desde el bloque Justicialista, el rechazo fue contundente. Mariano Recalde calificó la iniciativa como una “ley monstruosa” por la cantidad de normas que modifica y advirtió que su aprobación exprés anticipa una ola de judicialización. A su entender, lejos de aportar seguridad jurídica, la reforma generará más conflictos y dudas entre inversores.
En la misma línea se pronunciaron Ana Marks, Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski y Daniel Bensusán, quienes alertaron sobre una posible precarización del empleo, deterioro salarial y vulneración de principios constitucionales como el de progresividad de los derechos laborales.
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, fue uno de los más duros al sostener que la norma “nació mal y termina mal” y que afectará de manera directa a millones de trabajadores, jubilados y pensionados. También anticipó que el texto será objeto de impugnaciones judiciales por presunta inconstitucionalidad.
Desde el PRO, en cambio, Victoria Huala y Andrea Cristina defendieron la reforma al considerar que moderniza el marco laboral y mejora la competitividad del país sin eliminar derechos esenciales.
Con la sanción definitiva, el Gobierno consolida uno de los proyectos centrales de su agenda económica y laboral. Mientras el oficialismo lo presenta como una herramienta clave para fomentar el empleo y la inversión, la oposición anticipa un escenario de conflictividad judicial y sindical en los próximos meses.
Fuente: Medios
