El sistema energético argentino atraviesa una transformación profunda marcada por aumentos en tarifas y una reducción de subsidios, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) de marzo de 2026.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos alcanzó los $213.557 mensuales, con un incremento del 11,4% respecto a febrero. El aumento responde principalmente a ajustes en todos los servicios, especialmente en transporte, y refleja un traslado progresivo de los costos hacia los usuarios. Actualmente, los hogares cubren en promedio el 65% del costo de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante.
El gas natural muestra la mayor eliminación de subsidios, los usuarios residenciales pagan casi la totalidad del costo de abastecimiento, con un 99% de cobertura por su cuenta. La factura promedio varía según región, consumo y categoría, y buena parte del monto corresponde a distribución e impuestos.
En electricidad, la situación es más heterogénea. Los hogares sin subsidios cubren el costo total, mientras que los beneficiarios mantienen bonificaciones parciales, sobre todo en los primeros niveles de consumo. Sin embargo, incluso estos usuarios están asumiendo una mayor proporción del costo respecto a 2025, en línea con el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.
El informe también muestra disparidades tarifarias entre provincias: mientras Neuquén registra valores elevados, el AMBA mantiene tarifas relativamente más bajas. La diferencia responde a costos de distribución, marcos regulatorios y ritmos de actualización tarifaria. A nivel regional, las tarifas para consumos bajos siguen siendo competitivas, pero los consumos mayores se acercan al promedio sudamericano.
En combustibles líquidos, naftas y gasoil acumularon subas cercanas al 15% durante marzo, impulsadas por la presión internacional sobre el petróleo. El gasto en energía representa entre el 3,5% y el 5% del ingreso promedio, según nivel de subsidios.
En conjunto, el informe refleja un sistema en transición, donde la reducción de subsidios y la actualización de tarifas redefinen la relación entre Estado, empresas y usuarios. El desafío será equilibrar sostenibilidad fiscal y accesibilidad a los servicios en un contexto donde la energía sigue siendo un componente clave del costo de vida.
Fuente: Medios
