La Fiscalía de Estado confirmó que apelará las condenas por la estafa con los planes sociales con el objetivo de lograr penas más severas y avanzar en la recuperación total del dinero desviado. Para el gobierno provincial, quienes se aprovecharon del Estado y de los sectores vulnerables deben recibir las másximas represalias judiciales.
Apenas conocido el fallo, la provincia anunció que no aceptará sanciones que considere insuficientes para quienes saquearon fondos públicos destinados a las familias más necesitadas. Según la Fiscalía de Estado, la pena impuesta por el tribunal no refleja la gravedad del daño económico y moral ni la dimensión de la estructura delictiva que operó dentro del gobierno de Omar Gutiérrez entre 2020 y 2022.
Insisten en que el caso no fue un episodio aislado de mala administración, sino una organización criminal con roles definidos, jerarquías y continuidad en el tiempo, por lo que volverán a exigir la aplicación de la figura de asociación ilícita, que implica castigos más altos.
El gobernador Rolando Figueroa, que desde el inicio de su gestión ha prometido erradicar las prácticas de la vieja política, considera que el caso obliga a una respuesta contundente. La actual administración ya impulsó medidas como la expulsión de personal sin funciones y el recorte de gastos superfluos para fijar un nuevo estándar ético. Frente a un fraude que alcanzó fondos destinados a los sectores más vulnerables, la postura es clara: los responsables deben recibir la máxima sanción legal.
La Fiscalía reiteró este jueves que apelará en cuanto la sentencia quede notificada, para que un tribunal superior vuelva a examinar la imputación por asociación ilícita. Sostiene que la prueba reunida demuestra una dinámica organizada y sostenida, lo que amerita un encuadre penal más severo. Para el organismo, la respuesta judicial debe estar a la altura del impacto que sufrió la provincia.
Paralelamente, siguen su curso las acciones civiles para recuperar los más de 1.200 millones de pesos que representan hoy los fondos desviados. El gobierno remarca que no alcanza con las penas de prisión: la reparación económica es parte esencial del proceso. “La confianza pública también se defiende con la devolución íntegra de lo robado”, enfatizan desde la Fiscalía de Estado.
La causa, que involucró al exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, al exdirector de Planes Ricardo Soiza y a otros once funcionarios, reveló uno de los esquemas de corrupción más graves de la historia reciente de Neuquén. Las penas dictadas, que llegaron hasta los cinco años para los cabecillas, quedaron muy por debajo de lo que la provincia considera justo.
Si prospera la apelación, las condenas podrían duplicarse, lo que para el gobierno significaría un acto de justicia frente a quienes traicionaron su función pública.
El fraude consistió en la apropiación de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales para disponer ilegalmente de sus fondos, un mecanismo que el gobierno actual dio por erradicado. Se presume que parte del dinero terminó en manos de referentes políticos del MPN, en lo que fue leído como un verdadero “robo para la corona”, además del beneficio personal que obtuvieron los exfuncionarios involucrados.
Fuente: Medios
