La investigación por las presuntas estafas inmobiliarias vinculadas a la Cooperativa 14 de Octubre tuvo este jueves una audiencia clave en la Justicia de Neuquén. El juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió extender por un año las medidas de coerción y cautelares que pesan sobre personas imputadas que aún no fueron llevadas a juicio, en una causa cuyo daño económico actualizado ya supera los 412 millones de pesos.
El planteo fue realizado por la asistente letrada de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Tanya Cid, quien sostuvo que el riesgo procesal no disminuyó con el paso del tiempo, sino que se profundizó a medida que avanzó la investigación. El magistrado hizo lugar a todos los pedidos y ratificó las restricciones impuestas a C.M.G. y M.M.P.D.S., además de reforzar el embargo que recae sobre un inmueble central en el expediente.
Entre las medidas prorrogadas se encuentra la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia y la exigencia de solicitar autorización para ausentarse del país por más de 30 días. También se mantuvo la inhibición general de bienes y el embargo sobre el edificio ubicado en Diagonal España 467, en la ciudad de Neuquén, donde funciona la cooperativa. El objetivo es asegurar fondos ante una eventual condena que contemple la reparación económica a las víctimas.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que no solicitaron una extensión del plazo de la investigación preparatoria, que culmina el 19 de febrero. Antes de esa fecha, adelantaron, formalizarán la acusación, lo que marcará el cierre de la etapa investigativa y habilitará el avance hacia el juicio.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, entre 2016 y julio de 2022 se habría desarrollado una maniobra defraudatoria que afectó al menos a 63 personas. El ya condenado Mario Osvaldo Del Río, junto a los imputados, habría utilizado su posición dentro de la Cooperativa 14 de Octubre para recibir pagos de supuestos compradores de terrenos en la meseta neuquina. Sin embargo, los fondos no habrían sido destinados al emprendimiento urbanístico prometido.
A C.M.G., M.M.P.D.S. y una tercera imputada, M.F., se les atribuye haber colaborado en la operatoria. En el caso de esta última, la fiscalía precisó que no participó de la audiencia reciente debido a que no tiene medidas de coerción vigentes.
El monto del perjuicio también fue actualizado. Inicialmente se había calculado en 61.796.497,55 pesos y 13.450 dólares, pero la cifra ajustada a febrero de 2026 supera los 412 millones de pesos. En función de esa actualización, se adecuó el embargo que pesa sobre el inmueble de la cooperativa para cubrir el daño estimado.
Con la acusación próxima a presentarse y las restricciones vigentes por un año más, el expediente se acerca a una instancia decisiva. Tras años de espera, las víctimas aguardan ahora la audiencia que definirá si la causa avanza hacia el juicio oral.
Fuente: Medios
