La Legislatura de Neuquén comenzará a discutir un proyecto del Poder Ejecutivo que propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios para trabajadores del sistema de salud que se desempeñen en áreas críticas. La iniciativa también contempla la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación destinados específicamente al personal sanitario.
La propuesta fue presentada el domingo pasado por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55º período de sesiones ordinarias. Allí explicó que el objetivo es priorizar la seguridad de los pacientes sin desconocer los derechos y garantías de quienes trabajan en el sistema de salud.
Según planteó, la medida apunta a asegurar que los profesionales estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones, proteger vidas y mejorar los estándares de calidad en la atención sanitaria.
El proyecto ya tomó estado parlamentario y será analizado en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C) de la Legislatura provincial.
¿A quiénes alcanzará la medida?
La iniciativa está dirigida al personal del sistema sanitario público y privado que cumple tareas en sectores considerados de alta sensibilidad, como guardias, unidades de terapia intensiva, quirófanos, neonatología y servicios de emergencias.
Desde el Ejecutivo señalaron que se trata de ámbitos laborales particularmente exigentes, atravesados por altos niveles de estrés, sobrecarga emocional, turnos prolongados y exposición frecuente a situaciones traumáticas.
El proyecto propone la implementación de un sistema integral de control toxicológico que incluya acciones de prevención, detección temprana y acompañamiento terapéutico.
Entre los mecanismos previstos figuran controles al momento de ingresar a funciones críticas, evaluaciones periódicas y aleatorias, pruebas ante causas fundadas y procedimientos posteriores a incidentes críticos.
Garantías y enfoque sanitario
La iniciativa también incorpora una serie de garantías para el personal, como la confidencialidad de los resultados, la protección de datos personales, el derecho de defensa, la posibilidad de contraprueba y el respeto del debido proceso administrativo.
De acuerdo con lo informado oficialmente, el proyecto adopta un enfoque sanitario y no punitivo, al considerar las adicciones como problemáticas de salud que requieren tratamiento y acompañamiento profesional.
En esa línea, se prevé la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación orientados al personal de salud, con el objetivo de favorecer la recuperación y, cuando sea posible y seguro, la reinserción laboral.
Desde el Gobierno señalaron que la propuesta toma como referencia experiencias normativas aplicadas en otras actividades donde la seguridad de terceros es prioritaria. A partir de esos antecedentes, el proyecto busca adaptarlas a las particularidades del sistema sanitario y al principio de protección de la salud pública.
Según explicaron, la iniciativa intenta equilibrar dos aspectos centrales: garantizar el derecho colectivo a una atención médica segura y de calidad, y al mismo tiempo respetar plenamente los derechos individuales de los trabajadores mediante procedimientos transparentes y con garantías.
Fuente: Medios
