Una exempleada del Poder Judicial de Río Negro, que fue cesanteada por desempeñar tres empleos remunerados en simultáneo, evitará llegar a juicio tras acordar una suspensión del juicio a prueba (probation) en la causa penal en la que estaba acusada de defraudación contra la administración pública.
La mujer se desempeñaba en los tribunales de Cipolletti, pero al mismo tiempo percibía salarios de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de la Obra Social de Petroleros Privados, una situación incompatible con la normativa que regula el empleo judicial y que prohíbe ejercer otros cargos rentados, salvo excepciones vinculadas con la actividad académica.
Como consecuencia de una investigación administrativa, el Poder Judicial resolvió su cesantía, le exigió la devolución de más de 45 millones de pesos y promovió una denuncia penal. Ahora, además de haber reintegrado ese dinero, la exempleada deberá abonar 500.000 pesos como reparación económica y cumplir una serie de reglas de conducta para evitar el juicio.
Su identidad permanece bajo reserva por decisión del juez de Garantías Juan Puntel, quien hizo lugar a un pedido de la defensa basado en cuestiones relacionadas con su salud mental.
La acusación
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Diego Vázquez, la mujer utilizó distintas licencias para ausentarse de su puesto en el Poder Judicial mientras trabajaba paralelamente en otras instituciones y cobraba salarios de manera simultánea.
Según la acusación, primero fue contratada por la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022 y luego por la Obra Social de Petroleros Privados, donde trabajó desde octubre de 2022 hasta agosto de 2024, sin dejar de percibir su sueldo judicial.
La Fiscalía sostuvo que la exempleada actuó sabiendo que la legislación le impedía ejercer otro empleo remunerado fuera del Poder Judicial provincial y que esa conducta constituyó un fraude contra la administración pública.
Devolvió más de $45 millones
En paralelo a la investigación penal, el procedimiento administrativo siguió su curso y concluyó con la cesantía de la trabajadora.
Además, se determinó que debía reintegrar 45.278.300,45 pesos, monto que incluía tanto los salarios percibidos indebidamente como los intereses correspondientes.
La mujer acordó cancelar esa deuda en cuatro cuotas mensuales. Tras abonar las dos primeras dentro de los plazos establecidos, decidió adelantar el pago de las restantes, completando la devolución del dinero.
Con el reintegro total, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio por finalizada su intervención a fines de 2025. Sin embargo, la causa penal continuó.
Las condiciones para evitar el juicio
Semanas atrás, la Justicia homologó un acuerdo de probation, mediante el cual la exempleada evitará el debate oral siempre que cumpla las condiciones impuestas durante el plazo fijado.
Entre las reglas de conducta deberá mantener un domicilio actualizado, informar cualquier cambio de residencia, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes y someterse al control de la oficina especializada en suspensiones de juicio a prueba de Neuquén, donde reside actualmente.
También deberá realizar una reparación económica de 500.000 pesos, que se abonará en dos cuotas de 250.000 pesos. La primera venció el 15 de julio y la segunda deberá pagarse antes del 15 de agosto de 2026.
Ese dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño, de Cipolletti. Si cumple todas las condiciones establecidas por la Justicia, la causa penal quedará extinguida y no será sometida a juicio.
Aunque la resolución administrativa que dispuso su cesantía fue publicada originalmente con su nombre completo, en el expediente penal la mujer presentó documentación médica y solicitó preservar su identidad. El juez Juan Puntel aceptó el planteo y ordenó mantener en reserva sus datos personales por razones vinculadas con su estado de salud mental.
Fuente: Medios.
