El Gobierno decidió frenar los aumentos de tarifas de luz y gas durante el invierno para evitar un impacto político antes de las elecciones legislativas. Los incrementos rondaron apenas el 2% mensual, muy por debajo de la devaluación y de los costos dolarizados del sector energético. La medida alivió los bolsillos, pero implicó más subsidios y una deuda creciente con las productoras de gas.
Esa deuda, originada por la diferencia entre el precio que pagan los hogares y el costo real del gas, ronda los 280 millones de dólares. Corresponde principalmente a la producción de julio, el mes de mayor consumo, y debía cancelarse a comienzos de octubre. A fines de septiembre, las compañías calculaban pasivos acumulados de hasta 500 millones de dólares.
Las empresas afectadas, entre ellas YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy, Pluspetrol y CGC, esperan señales oficiales sobre el pago. En Economía aseguran que el Tesoro “maneja la caja con responsabilidad” y que los contratos del Plan Gas se cumplirán, pero en el sector privado temen que la falta de liquidez afecte la inversión prevista para los próximos meses.
Las petroleras definen en este período sus presupuestos de perforación y fractura para el año que viene. Sin liquidez inmediata, podrían reducir la cantidad de equipos activos y eso impactaría en la producción durante el invierno de 2026. Menor oferta local implicaría más importaciones de gas licuado, gasoil y fuel oil, con mayores costos en dólares y presión sobre las reservas del Banco Central.
La situación se agrava por la baja del precio internacional del petróleo, que cayó de 75 a 61 dólares por barril en lo que va del año. Con márgenes reducidos, inflación y tasas de interés elevadas, las petroleras necesitan previsibilidad para sostener sus planes en Vaca Muerta. Sin señales claras, el sector podría enfrentar un freno productivo tras años de crecimiento.
El Plan Gas, lanzado en 2020 y extendido hasta 2028, garantiza un precio estímulo para los productores y cubre la diferencia con subsidios estatales. El esquema funcionó como motor de la producción y permitió reducir importaciones, pero depende de que el Estado cumpla puntualmente sus compromisos de pago.
En 2024 el Gobierno de Javier Milei había impulsado un ajuste tarifario histórico que redujo el peso de los subsidios. Sin embargo, en 2025 optó por moderar los aumentos para contener la inflación y evitar un golpe al poder adquisitivo. Según datos de la consultora Empiria, la cobertura de tarifas volvió a caer durante los últimos meses, lo que incrementó la necesidad de subsidios.
Hoy los usuarios cubren en promedio el 67% del costo de la energía eléctrica, frente al 72% de un año atrás. En el gas natural, la proporción es similar. Durante 2025 los subsidios bajaron un 52%, aunque parte de esa reducción se explica por los pagos postergados a las empresas, no por una mejora estructural.
El resultado es un equilibrio frágil. Tarifas contenidas para sostener la estabilidad política, cuentas fiscales ajustadas y un sector energético que comienza a mostrar signos de enfriamiento. Si el Tesoro no regulariza los pagos ni define un sendero de aumentos realista, Vaca Muerta podría desacelerar su producción y el país volvería a depender, al menos parcialmente, del gas importado en 2026.
