La investigación por la filtración informática registrada en Casa de Gobierno quedó fuera de la vía penal y cualquier nuevo avance judicial dependerá ahora de una eventual decisión del gobernador Alberto Weretilneck, en su carácter de persona afectada.
En los últimos días, el juez Adrián Dvorzak consideró inadmisible un recurso presentado por la fiscal Yanina Estela Passarelli, quien había cuestionado una resolución anterior del magistrado. En esa decisión, Dvorzak había considerado que el caso correspondía a una acción privada y, por una cuestión procesal, había dispuesto el archivo del expediente penal.
El magistrado declaró “la inadmisibilidad formal” del planteo presentado por la fiscal, por lo que quedó firme el criterio adoptado inicialmente sobre la naturaleza del delito investigado.
De esta manera, la Fiscalía ya no tendrá intervención para impulsar la investigación de manera independiente. El eventual avance del expediente dependerá de que Weretilneck decida accionar como particular afectado por la filtración.
Qué resolvió el juez sobre el hackeo
La resolución de Dvorzak no analizó si efectivamente existió un acceso ilegal al sistema informático de Casa de Gobierno ni determinó responsabilidades por el hecho. El análisis estuvo concentrado en una cuestión estrictamente procesal: definir si los delitos denunciados debían investigarse mediante una acción pública o privada.
En su resolución, el juez interpretó que los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal, vinculados con el acceso no autorizado a sistemas informáticos y a datos personales, quedaban comprendidos dentro de figuras relacionadas con la violación de secretos y la privacidad. Por ese motivo, entendió que para avanzar era necesaria la iniciativa de la persona afectada.
La Fiscalía había cuestionado esa interpretación y sostenido que se trataba de delitos de acción pública, por lo que correspondía su intervención. Sin embargo, Dvorzak rechazó el planteo y consideró que los argumentos presentados no demostraban una afectación concreta de derechos ni la arbitrariedad de su resolución.
Cómo comenzó la investigación
El episodio ocurrió a fines de junio, cuando parte del legajo personal del gobernador, incluido su recibo salarial, apareció en dependencias de Casa de Gobierno.
A partir de la filtración, Weretilneck convocó a personal de Altec para determinar cómo se había producido el acceso a la información. Posteriormente, el Gobierno provincial presentó una denuncia penal e identificó a un supuesto responsable, quien sería un agente público.
Según la presentación realizada por la Provincia, los hechos podrían encuadrarse en los delitos de “acceso ilegítimo a sistemas informáticos”, previsto en el artículo 153 bis del Código Penal, y de “acceso ilegítimo a bancos de datos personales”, contemplado en el artículo 157 bis. También se planteó la posibilidad de que la conducta pudiera configurar el delito de peculado.
En aquel momento, el Gobierno describió el episodio como una “filtración de información reservada de sus sistemas informáticos” y señaló que entre los documentos a los que se habría accedido se encontraban recibos de sueldo de integrantes del Ejecutivo, incluido el del gobernador.
La intervención de Altec permitió determinar cuál habría sido el equipo utilizado para acceder a la información, que posteriormente fue retirado por la empresa.
El episodio también derivó en la circulación de versiones falsas sobre el procedimiento. Entre ellas, se difundió que una delegación de la Justicia Federal había retirado una computadora de Weretilneck de Casa de Gobierno y que el hecho estaba relacionado con una causa penal vinculada con la AFA. Esas versiones fueron desmentidas.
Fuente: Medios.
