Un grupo de inmigrantes que residen en Viedma participó este martes de una reunión plenaria en la Legislatura de Río Negro para manifestar su rechazo al proyecto de ley que propone el cobro de aranceles a extranjeros con residencia transitoria o precaria por el acceso a los servicios públicos de salud y educación superior.
La iniciativa, impulsada por legisladores de Juntos Somos Río Negro, ya cuenta con media sanción y podría volver al recinto en los próximos días para su aprobación definitiva. Los representantes de las colectividades de Chile, Perú, Bolivia y Uruguay solicitaron que se postergue el segundo tratamiento, a fin de abrir una instancia de diálogo más amplia antes de que la norma quede firme.
Durante la exposición, los vecinos remarcaron que el proyecto “agrede un derecho histórico” y contradice el espíritu de la Ley Nacional de Migraciones, que garantiza igualdad de trato entre argentinos y extranjeros. “Lo que se está haciendo con esta reforma es quitar un derecho que siempre fue orgullo del país”, señaló uno de los voceros del grupo, quien además cuestionó el argumento de la reciprocidad: “No sirve decir que en otros países no atienden a los argentinos; lo que hay que hacer es negociar mejores acuerdos bilaterales”.
Según un relevamiento reciente de la Universidad Nacional de Río Negro, en la provincia residen alrededor de 1.500 inmigrantes. “¿Vale la pena montar un sistema de cobro para un número tan reducido?”, plantearon durante el debate.
Desde el oficialismo, los autores del proyecto aclararon que la medida no afectará a quienes posean residencia permanente, sino únicamente a los extranjeros transitorios, y que uno de sus objetivos principales es avanzar en convenios de reciprocidad con los países vecinos.
El debate continuará en las próximas semanas, en un contexto en el que la discusión sobre los derechos de las personas migrantes vuelve a ocupar el centro de la escena política provincial.
