La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de incorporar una modificación clave, los funcionarios públicos quedarán excluidos de los principales beneficios y presunciones previstos por el régimen. El despacho reunió 44 firmas y quedó habilitado para ser tratado en la sesión prevista para el 26 de agosto.
El oficialismo logró avanzar con el acompañamiento del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo, además de otros bloques provinciales. El objetivo del Gobierno es aprobar una iniciativa que busca modificar el esquema de fiscalización de Ganancias y facilitar la incorporación al sistema formal de dólares que actualmente permanecen fuera del circuito financiero.

El dictamen fue firmado por 32 diputados de La Libertad Avanza, además de representantes del MID, la UCR, Independencia, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas, este último con disidencia parcial.
La decisión se tomó durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, luego de finalizar la ronda de exposiciones de funcionarios y especialistas.

Funcionarios excluidos de los beneficios
Uno de los principales cambios incorporados al proyecto establece la exclusión de los funcionarios públicos de las presunciones y beneficios de la Inocencia Fiscal.
De esta manera, podrán utilizar el sistema simplificado como mecanismo operativo para presentar la declaración jurada de Ganancias y cancelar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni a ningún otro beneficio o inmunidad tributaria contemplado por el régimen.
La restricción alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión al régimen y también hacia adelante.
“Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, sostuvo Rodríguez Machado.

La exclusión comprende a funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
También quedan incluidos los legisladores nacionales y provinciales, legisladores porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur, además de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La medida alcanza, asimismo, a integrantes de órganos de control y enjuiciamiento, como defensores del Pueblo y sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de jurados de enjuiciamiento.
Los principales cambios del proyecto
El dictamen también elimina los límites que establecía el proyecto original para acceder al régimen. De esta manera, se eliminan los topes de $1.000 millones de ganancias y $10.000 millones de patrimonio, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que puedan ingresar al sistema.
Además, se incorporaron modificaciones destinadas a reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Entre ellas, se establece una reducción del 25% en las multas por infracciones formales.

La iniciativa mantiene, además, el régimen especial de reducción del 50% y establece que determinadas diferencias detectadas en las declaraciones juradas no serán consideradas discrepancias cuando se encuentren dentro de los márgenes establecidos por la normativa.
“Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”, afirmó Rodríguez Machado.

Con el dictamen aprobado, el oficialismo buscará ahora reunir los votos necesarios para convertir Inocencia Fiscal II en ley en la sesión de Diputados del 26 de agosto.
Fuente: Medios


