La iniciativa 1137/2026 fue enviada por el Poder Ejecutivo y modifica la Ley K 2753 para sustituir el régimen de afiliación obligatoria por uno voluntario u optativo, alcanzando a actuales y futuros afiliados y también a jubilados y pensionados.
La reunión permitió escuchar a autoridades del Instituto, representantes gremiales y legisladores, y dejó sobre la mesa numerosos interrogantes acerca del impacto económico de la medida, el destino de los aportes, los plazos para abandonar y regresar al IPROSS y la situación particular de los jubilados.
Pero hubo una pregunta que atravesó buena parte de la reunión: ¿por qué modificar ahora el sistema y por qué hacerlo con tanta rapidez?
Los gremios, críticos
Una de las exposiciones más críticas fue la de la titular de UNTER, Laura Ortiz, quien habló en representación de distintos sectores que habían mantenido previamente un encuentro para fijar posición en defensa de la obra social.
Ortiz cuestionó que los trabajadores no hayan podido mantener previamente un diálogo suficiente con las autoridades y rechazó el enfoque de la reforma.
Los representantes sindicales plantearon que el problema central no debería ser cómo abandonar el IPROSS, sino cómo recuperar y fortalecer la obra social, mejorar sus prestaciones y garantizar respuestas a los trabajadores, jubilados y sus familias.
Durante las exposiciones también aparecieron cuestionamientos relacionados con las demoras, los costos que deben afrontar los afiliados y la relación del Instituto con los prestadores.
Las críticas gremiales a la reforma ya habían comenzado antes de la reunión legislativa. Distintas organizaciones expresaron reparos respecto del financiamiento futuro del sistema y reclamaron mayor participación antes de modificar el régimen vigente.
Acevedo propuso un fondo para evitar el desfinanciamiento
El legislador Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) expresó una posición favorable al derecho de elección, aunque advirtió que esa posibilidad debe estar acompañada por herramientas que impidan una eventual pérdida de sustentabilidad financiera.
Planteó que trabajadores jóvenes, sanos o con mejores salarios podrían contar con mayores posibilidades de migrar hacia otra cobertura, mientras permanecerían en el Instituto quienes necesitan tratamientos más costosos.
Por eso propuso estudiar la creación de un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas, destinado a cubrir eventuales caídas de ingresos. Incluso sugirió que, si esos recursos fueran insuficientes, exista una garantía del Tesoro provincial.
Sposito: “Yo no veo nada de solidario”
Ayelén Sposito (Vamos con Todos) preguntó por la deuda del IPROSS con los hospitales públicos y quiso saber qué garantías tendrá un afiliado enfermo de ser aceptado por otra obra social si decide abandonar el sistema provincial.
También reclamó precisiones acerca del destino del 7% destinado a prestaciones especiales.
La legisladora terminó siendo crítica con el proyecto.
“Yo no veo nada de solidario”, afirmó, y advirtió que el resultado podría ser una mayor presión sobre el sistema público de salud.
Durante su intervención también se produjo un cruce cuando cuestionó actitudes de funcionarios y legisladores mientras hablaban representantes de los trabajadores.
Odarda: “¿Por qué el apuro?”
Una de las intervenciones más duras fue la de Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien cuestionó tanto el contenido como el procedimiento utilizado para avanzar con la reforma.
“¿Por qué el apuro?”, preguntó.
Odarda reclamó que se escuche a trabajadores, jubilados y sindicatos y cuestionó que no haya funcionado la Comisión de Seguimiento del IPROSS.
También objetó que la iniciativa avance en única vuelta, porque consideró que de esa manera se restringen las posibilidades de participación ciudadana.
Defendió especialmente el carácter solidario del Instituto y sostuvo que la discusión debería concentrarse en la transparencia, los ingresos, los aportes, la redistribución de los recursos y las razones por las cuales se deterioraron las prestaciones.
Para Odarda, antes que facilitar la salida de afiliados, deberían discutirse medidas destinadas a fortalecer el IPROSS.
Picotti: el IPROSS tiene que ser “una buena opción”
Gabriela Picotti coincidió parcialmente con esos planteos.
“El IPROSS tendría que ser una opción, una buena opción a elegir”, sostuvo, y también consideró que no existe necesidad de apresurar la sanción.
Picotti detectó además una cuestión concreta en la redacción relacionada con los plazos.
Preguntó si los 12 meses iniciales de permanencia en otra cobertura debían sumarse a los 36 meses establecidos para regresar al IPROSS, lo que podría interpretarse como un total de 48 meses.
Las autoridades aclararon que los 36 meses se cuentan desde el momento en que se ejerce originalmente la opción y admitieron que ese punto deberá ser corregido para evitar interpretaciones equivocadas.
“Lo vamos a revisar en la redacción”, reconocieron durante la reunión.
Los tres escenarios de una posible “fuga”
La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, explicó que el organismo trabajó sobre tres escenarios posibles de migración: 1%, 10% y 15% de los afiliados titulares.
Tomando como referencia 102.381 titulares, una salida del 1% representaría aproximadamente 1.023 afiliados y una pérdida mensual de alrededor de 230 millones de pesos, compuesta por unos 110 millones en aportes y 120 millones en contribuciones.
El proyecto establece que la contribución patronal del 7% permanecerá dentro del IPROSS y tendrá afectación específica: 3% para planes oncológicos y especiales, 2% para discapacidad, prestaciones especiales y prótesis y 2% para farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas. El texto oficial efectivamente dispone que la contribución patronal continúe íntegramente en el Instituto aunque el trabajador elija otra cobertura.
Porro remarcó que ese dinero no irá a Rentas Generales, sino que seguirá afectado a esos programas, que representan una parte sustancial del gasto del Instituto.
Murillo Ongaro: ¿por qué pensar solamente en los que se van?
Juan Murillo Ongaro (PRO-Unión Republicana) introdujo otra mirada.
Preguntó por qué el debate debía centrarse exclusivamente en una eventual fuga y planteó que el desafío debería ser convertir al IPROSS en una obra social que los trabajadores quieran elegir.
Recordó además que junto con Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) impulsaron una iniciativa para eliminar la obligatoriedad desde el momento mismo del ingreso al Estado.
Murillo Ongaro también se sumó a quienes cuestionaron la velocidad del tratamiento. Aclaró que su bloque observa aspectos del proyecto “con buenos ojos”, pero reclamó más tiempo para escuchar a trabajadores y afiliados.
El IPROSS abrirá sus puertas a afiliados voluntarios
Porro respondió que justamente una de las estrategias será abrir el IPROSS a afiliados voluntarios.
Explicó que existen asociaciones de empleados de comercio, consejos profesionales y universidades interesados en acceder a la cobertura y que actualmente esa posibilidad está cerrada.
La intención será captar nuevos afiliados y hacer que el Instituto salga a competir con otras obras sociales.
Mansilla puso la mirada en los jubilados
Yolanda Mansilla planteó que la posibilidad de elección debería existir desde el momento mismo en que una persona ingresa a trabajar al Estado y no después de incorporarse obligatoriamente al IPROSS.
También puso el foco sobre los futuros jubilados.
Preguntó por qué una persona que se jubila debería ingresar primero al IPROSS para después optar por PAMI si existe la posibilidad de elegir directamente esa cobertura al realizar el trámite previsional.
También reclamó precisiones sobre los convenios que deberán firmarse con otras obras sociales: si existirá previamente un listado de entidades disponibles o si el IPROSS deberá celebrar acuerdos según las elecciones individuales de sus afiliados.
Dantas advirtió una posible contradicción
Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) señaló otro problema que deberá analizarse.
Recordó que el convenio de transferencia de la Caja previsional establece la continuidad de los jubilados en el IPROSS.
Entonces planteó qué ocurriría si un trabajador abandona la obra social durante su último año de actividad y se jubila antes de cumplir los 36 meses necesarios para regresar.
Para Dantas, podría producirse una contradicción entre el convenio de transferencia previsional con ANSES y el nuevo régimen de opción, por lo que pidió revisar ese aspecto.
Pilquinao volvió a la pregunta central: “¿Por qué?”
Sobre el final, Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) volvió al interrogante que atravesó buena parte de la discusión.
“No queda claro el porqué”, sostuvo.
Preguntó si realmente existe un pedido masivo de trabajadores para modificar el régimen y cuestionó que un proyecto de semejante trascendencia avance rápidamente hacia el recinto.
Fue entonces cuando el presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), realizó la defensa política más amplia del proyecto.
López explicó por qué el Gobierno impulsa el cambio
López sostuvo que la reforma responde a una decisión política del gobernador Alberto Weretilneck, quien —según explicó— recogió planteos de afiliados que quieren tener la posibilidad de buscar otra cobertura.
El argumento coincide con el presentado públicamente por el Gobierno al anunciar la iniciativa: Weretilneck sostuvo que permitir la elección obligará al IPROSS a mejorar y competir con otras obras sociales.
López rechazó que el propósito sea desfinanciar el Instituto. Por el contrario, explicó que existen tres objetivos centrales.
El primero es que ningún trabajador se sienta “cautivo” de una obra social que, a su entender, no le brinda la respuesta que espera.
Si considera que con su aporte puede conseguir una cobertura diferente, podrá hacerlo y, si el valor de esa cobertura supera el aporte disponible, deberá afrontar personalmente la diferencia.
El segundo objetivo es generar competencia para el propio IPROSS.
“No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos”, sostuvo López, pero afirmó que la posibilidad de perder afiliados obligará al organismo a mejorar permanentemente sus prestaciones.
El desafío, señaló, será que el IPROSS compita de tal manera que no solamente conserve a sus actuales afiliados, sino que otras personas decidan ingresar voluntariamente.
También apuntó contra los prestadores
El tercer objetivo mencionado por López estuvo dirigido a los prestadores.
El legislador sostuvo que existen profesionales que, al saber que los afiliados del IPROSS no tienen posibilidad de cambiar de cobertura, terminan relegándolos frente a pacientes de otras obras sociales.
Según explicó, esta situación se observa especialmente en Viedma por la importante proporción de empleados públicos.
La libre elección, argumentó, generará también presión sobre los prestadores: si quieren conservar a los afiliados del IPROSS deberán brindarles una atención competitiva.
El cruce por UNTER
López también respondió a los cuestionamientos sobre la representación de los trabajadores dentro de la conducción del organismo.
Recordó que la Junta de Administración está integrada por un presidente y siete vocales, cuatro de ellos representantes de los afiliados. La composición institucional publicada actualmente por el organismo confirma esa estructura y la presencia de representantes gremiales y policiales.
Ante los cuestionamientos por la ausencia de UNTER, sostuvo que los representantes gremiales no son elegidos por el Gobierno, sino por las propias organizaciones, mientras que el Ejecutivo designa exclusivamente a sus representantes.
De la afiliación obligatoria a la competencia
La Comisión de Asuntos Sociales finalmente aprobó por mayoría el proyecto, que continuará su trámite legislativo.
La discusión dejó, sin embargo, varios aspectos abiertos: los plazos de regreso, la situación de los jubilados, los convenios con otras entidades, la eventual compatibilidad con acuerdos previsionales y algunos puntos de la propia redacción que las autoridades aceptaron revisar.
También dejó expuestas dos miradas claramente diferenciadas.
Los gremios y parte de la oposición plantearon que, antes de habilitar la salida de trabajadores, deberían resolverse las dificultades del IPROSS, mejorar sus prestaciones y garantizar que la apertura no termine debilitando su carácter solidario.
El oficialismo respondió que precisamente la posibilidad de elegir es la herramienta que pretende utilizar para producir esa mejora.
La explicación de Facundo López sintetizó esa filosofía: que el trabajador deje de estar obligado a permanecer, que el IPROSS tenga que competir para conservarlo y captar nuevos afiliados y que los propios prestadores sepan que ya no tendrán frente a ellos a pacientes “cautivos”.
Ese será ahora uno de los principales ejes de la discusión cuando la reforma llegue al recinto de la Legislatura, el próximo jueves.
Fuente: Legislatura de Río Negro.
