Los trabajadores estatales de Río Negro podrían dejar de tener a IPROSS como obra social obligatoria si prospera el proyecto de ley anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck. La iniciativa propone habilitar la libre elección de cobertura para los agentes públicos y jubilados provinciales y está prevista para ser analizada por la Legislatura en la sesión del 24 de septiembre.
Weretilneck anunció la propuesta bajo la premisa de que los estatales puedan decidir a qué obra social destinar sus aportes. “IPROSS está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo el mandatario.
La iniciativa incorpora un derecho de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos. Quienes decidan abandonar IPROSS podrán derivar sus aportes y contribuciones a otra entidad habilitada, junto con la cobertura correspondiente a su grupo familiar primario. La opción deberá abarcar a todo el grupo familiar a cargo.
Uno de los puntos establecidos por el Gobierno es que, una vez concretado el cambio, el afiliado deberá permanecer durante al menos 12 meses en la entidad elegida. Luego podrá optar por otra cobertura habilitada o regresar a IPROSS como afiliado obligatorio directo.
El proyecto también contempla mecanismos para garantizar la continuidad de la atención médica. Si la entidad seleccionada deja de brindar cobertura por una causa ajena al afiliado, su reincorporación a IPROSS sería automática. Además, los tratamientos que ya estén en curso deberán continuar durante el proceso de cambio.
Los puntos que todavía generan dudas
Más allá de los lineamientos anunciados, existen aspectos de la iniciativa que todavía son motivo de análisis. Uno de ellos es precisamente el período de permanencia fuera de IPROSS y las condiciones para regresar al sistema provincial, mientras que otro punto central es qué parte de los aportes y contribuciones podrá trasladarse a la nueva cobertura.
Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de que el trabajador pueda derivar únicamente el aporte personal, equivalente al 4% del salario, o que también se transfiera la contribución realizada por el Estado, que representa otro 7%. La definición será determinante para establecer el atractivo de la opción y, al mismo tiempo, el impacto que tendría sobre los recursos de IPROSS.
La cuestión también es relevante por el volumen de personas alcanzadas. El Gobierno provincial señaló que IPROSS cuenta con más de 130.000 afiliados directos e indirectos, mientras que los registros oficiales actuales de la obra social informan 165.610 afiliados en total.
El eventual traslado de afiliados genera uno de los principales interrogantes sobre el futuro financiero del organismo. Una salida significativa implicaría una reducción de los recursos disponibles, aunque desde el Gobierno confían en que no habrá un éxodo masivo y sostienen que IPROSS deberá mejorar sus prestaciones para competir con otras alternativas.
El propio Weretilneck planteó que la apertura del sistema representa un desafío para la obra social provincial y una oportunidad para mejorar sus servicios. “Esta decisión permitirá que IPROSS siga mejorando y compita con otras obras sociales”, sostuvo, al destacar los cambios que se vienen implementando en materia de prestaciones y herramientas digitales.
El respaldo y las críticas al proyecto
El anuncio ya generó las primeras reacciones dentro de la política y del ámbito gremial. El PRO respaldó la iniciativa y recordó que había presentado anteriormente un proyecto para que los empleados públicos pudieran elegir su cobertura. El legislador Juan Martín sostuvo que, más allá de quién haya impulsado originalmente la propuesta, espera que el proyecto del Ejecutivo permita avanzar hacia una nueva regulación.
Desde UPCN, en cambio, cuestionaron la eliminación de la afiliación obligatoria y defendieron el carácter solidario de IPROSS. El gremio sostuvo que ese principio debería preservarse y planteó además críticas a la actual conducción del organismo.
La legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, también se manifestó a favor de la libre elección y recordó que había presentado una iniciativa con el mismo objetivo en abril de 2024. “Lo importante no es quién se adjudica la autoría de una iniciativa, sino que finalmente podamos discutir y aprobar la mejor ley posible para los trabajadores”, sostuvo.
Mientras el proyecto avanza hacia su tratamiento legislativo, el debate estará concentrado en dos cuestiones centrales: la libertad de los estatales para elegir su cobertura y el impacto que esa decisión tendrá sobre el financiamiento y el futuro de IPROSS.
Fuente: Medios.
