El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar que se deje sin efecto la prisión domiciliaria otorgada a J. R., condenado por un jurado popular por delitos de abuso sexual y corrupción de menores, y que se restablezca la prisión preventiva.
La presentación fue realizada por el fiscal jefe Mauricio Zabala y el fiscal del caso Manuel Islas, quienes además pidieron la habilitación de la feria judicial para que el planteo sea tratado con carácter urgente. Según argumentaron, existe un riesgo de fuga tras el veredicto de culpabilidad.
El recurso apunta contra la resolución del Tribunal de Impugnación (TI) del pasado 15 de julio, que dejó sin efecto la prisión preventiva que había sido ordenada luego del juicio por jurados y dispuso que el condenado continúe detenido en su domicilio con monitoreo electrónico.
El pasado 1 de julio, un jurado popular integrado por 12 ciudadanos declaró culpable por unanimidad a J. R., tras considerar acreditada la acusación presentada por la Fiscalía y la querella.
Según la investigación, el condenado abusó sexualmente de la víctima durante años, desde su infancia hasta su adultez. Los hechos denunciados ocurrieron en distintos lugares, entre ellos la vivienda que compartían, oficinas vinculadas al acusado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transporte de mercadería.
La condena corresponde al delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el daño ocasionado en la salud física y mental de la víctima, por la relación de guarda y por el contexto de convivencia cuando era menor de edad, en concurso ideal con corrupción de menores.
Esta figura penal contempla una pena mínima de 15 años de prisión efectiva.
La Fiscalía cuestionó la decisión del Tribunal de Impugnación
En el recurso presentado ante el TSJ, los fiscales calificaron la resolución del Tribunal de Impugnación como “manifiestamente arbitraria” y señalaron que se aplicó de manera incorrecta la normativa procesal.
Además, sostuvieron que la decisión no tuvo en cuenta el contexto del caso, el derecho de la víctima a una respuesta judicial efectiva y la perspectiva de género.
Desde el MPF remarcaron que la prisión domiciliaria que J. R. cumplió antes del juicio había sido suficiente únicamente para garantizar el desarrollo del debate oral, pero consideraron que la situación cambió luego del veredicto condenatorio.
“La única manera de evitar la fuga de J. R. es mediante la prisión preventiva”, plantearon los fiscales en la presentación.
Para la acusación, la condena emitida por el jurado popular constituye un nuevo elemento procesal que modifica el análisis sobre los riesgos existentes y aumenta la posibilidad de fuga, especialmente por la expectativa de una pena elevada.
El planteo sobre el riesgo de fuga
Uno de los principales puntos cuestionados por la Fiscalía fue el argumento utilizado por el Tribunal de Impugnación para conceder la domiciliaria: que el juicio había podido realizarse mientras el acusado permanecía bajo arresto domiciliario.
Según el MPF, esa circunstancia no puede mantenerse como fundamento luego de una condena unánime, ya que las medidas cautelares deben adaptarse a las nuevas condiciones del proceso.
Además, los fiscales rechazaron que sea necesario demostrar que otras medidas menos restrictivas resultan insuficientes para solicitar nuevamente la prisión preventiva, como sostuvo el tribunal revisor.
Qué pidió la Fiscalía al Tribunal Superior
En el recurso extraordinario, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la Sala Penal del TSJ convoque a una audiencia para evaluar la admisibilidad del planteo y, posteriormente, anule la resolución del Tribunal de Impugnación que permitió la prisión domiciliaria.
El objetivo final es que J. R. vuelva a cumplir prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
