El uso de inteligencia artificial (IA) en el sector público avanza a nivel global con aplicaciones concretas en áreas como justicia, recaudación y atención al ciudadano. Sin embargo, especialistas advierten que su implementación sin reformas previas puede derivar en un problema mayor: automatizar sistemas ineficientes.
Un relevamiento basado en más de 200 casos reales muestra que numerosos gobiernos ya incorporaron estas tecnologías, mientras otros aún debaten su adopción. El informe advierte que la IA no corrige fallas estructurales, sino que tiende a amplificarlas si no se aplican cambios de fondo.
En Argentina, uno de los ejemplos es el sistema Prometea, que permite generar borradores de resoluciones judiciales a partir del análisis de expedientes completos, reduciendo tiempos de trabajo de días a minutos.
A nivel internacional, las experiencias muestran tanto resultados positivos como riesgos. En Austria, la administración tributaria utiliza IA desde hace años para detectar evasión fiscal, logrando recuperar millones de euros. En Francia, el cruce de imágenes satelitales con datos fiscales permite identificar construcciones no declaradas. Brasil, en tanto, aplica estos sistemas para ordenar y priorizar litigios fiscales, mientras que Singapur implementó chatbots inteligentes que optimizan la atención al contribuyente.
No obstante, también existen antecedentes negativos. En Países Bajos, un algoritmo utilizado para detectar fraude en subsidios generó acusaciones erróneas contra miles de familias, lo que derivó en una crisis política de gran magnitud.
Según datos de la OCDE, el 70% de los países ya utiliza IA para mejorar procesos internos del Estado, aunque solo un tercio la aplica en el diseño de políticas públicas. A pesar de su crecimiento, su impacto aún no es plenamente transformador en la administración pública.
El avance de estas tecnologías se da en un contexto de baja confianza ciudadana en los gobiernos y de creciente demanda por servicios más eficientes. En ese marco, la IA aparece como una herramienta con potencial para mejorar la productividad, agilizar trámites y optimizar recursos.
Sin embargo, su adopción plantea desafíos vinculados a la transparencia, el control y la equidad. Mientras el sector privado lidera su implementación, los gobiernos avanzan con mayor cautela, evaluando cómo incorporar estas herramientas sin profundizar desigualdades ni reproducir errores estructurales.
Fuente: Medios
