La reforma fue aprobada mediante la Ley 3551, promulgada en diciembre de 2025, e incorpora cambios orientados a modernizar el funcionamiento de la Justicia, con procesos digitales, audiencias orales y una mayor participación de las partes involucradas en los conflictos.
El nuevo código será aplicable a causas civiles y comerciales, como sucesiones, alquileres, deudas, contratos y reclamos por daños.
Los principales cambios
Entre las principales modificaciones que introduce el CPCA se encuentra la digitalización de los expedientes judiciales. La mayor parte de las actuaciones se realizará de manera electrónica, con notificaciones digitales y publicación online de los edictos judiciales, que serán gratuitos.
No obstante, el sistema continuará contemplando la posibilidad de presentar documentación en formato papel para quienes no cuenten con acceso a herramientas digitales.
Otra de las novedades será la incorporación de audiencias orales, que permitirán concentrar distintas etapas del proceso y favorecer un contacto directo entre las partes y el juez.
El nuevo modelo también otorga un rol más activo a quienes intervienen en el conflicto, que deberán presentar pruebas y sostener sus argumentos durante el proceso, mientras que el juez concentrará su función en garantizar la imparcialidad y resolver el caso.
Además, el código establece dos modalidades de tramitación: un proceso ordinario, basado en audiencias orales, y un proceso sumarísimo, destinado a casos que requieren una resolución más rápida.
En materia de acceso a la Justicia, el beneficio de gratuidad podrá solicitarse mediante una declaración jurada, simplificando el trámite para quienes acrediten esa condición.
Un cambio en la forma de resolver conflictos
El nuevo sistema modifica el funcionamiento tradicional de los procesos civiles, al trasladar a las partes un mayor protagonismo en el impulso de las causas.
De esta manera, quienes intervengan en un juicio tendrán una participación más activa en la presentación de pruebas y argumentos, mientras que el juez dejará de concentrar tareas administrativas para enfocarse en dirigir el proceso y dictar una resolución.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es lograr una Justicia más ágil, transparente y cercana a la ciudadanía.
Una reforma con participación de los tres poderes
La elaboración del Código Procesal Civil Adversarial estuvo a cargo de una Comisión Interpoderes integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proceso también incluyó instancias de consulta en las siete regiones de la provincia, con la participación del Colegio de Abogados, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Católica de Salta, organizaciones civiles y operadores judiciales.
Según el Ejecutivo, la reforma busca adaptar el sistema judicial a las particularidades territoriales de Neuquén y mejorar el acceso a la Justicia mediante procedimientos más simples y eficientes.
Fuente: Medios
