Las estadísticas, en materia de seguridad, son consideradas -como suele decirse- un arma de doble filo, no sólo las experiencias personales, sino también aquellos casos que cobran trascendencia masiva generan sensaciones que las confrontan. Quizá por ello los datos oficiales se manejan y difunden con cautela, aun cuando son positivos. No obstante, el caso de Neuquén escapa a las generales de ley, por un amplio abanico de razones que bien pueden resumirse en las siguientes.
En diciembre de 2023, la administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa recibió un sistema de seguridad no sólo devaluado, sino directamente colapsado. Tanto que su antecesor, Omar Gutiérrez, le había quitado jerarquía, con el consecuente impacto negativo en las partidas presupuestarias. Gutiérrez redujo el área de Seguridad de ministerio a secretaría.
El panorama ya era adverso durante los tiempos de Vanina Merlo (entonces ministra y ahora titular de la Defensoría Oficial) y continuaron en ese sentido durante la gestión de Marianina Domínguez, quien asumió la conducción cuando seguridad ya era secretaría. Pero la gran debacle sobrevino, quizás, tras las elecciones de 2023, cuando la presencia policial en las calles se redujo, al menos en la cuidad capital. Los meses que transcurrieron entre abril y principios de diciembre, previo a la asunción del nuevo gobierno, fueron caóticos.
Cuando la policía se repliega, el delito avanza y gana un terreno que no es sencillo recuperar. Figueroa sabía que la herencia era pesada y que, en seguridad, era más pesada aún. Y diseñó un programa pleno de inversiones que arroja mejoras en los resultados.
La nueva gestión la emprendió contra el delito en general y el narcotráfico en particular. Compró móviles, chalecos y armamentos, sumó personal, jerarquizó con capacitaciones a los efectivos y -purga mediante- expulsó a oficiales y suboficiales que habían incurrido en indisciplinas y delitos. Para llegar a este presente se tomaron diversas decisiones, entre las cuales se destaca la de asumir la lucha contra el microtráfico de drogas, lo que redundó en una lista ya innumerable de allanamientos y detenciones. Antes, el combate al llamado narcomenudeo estaba en la órbita de la Justicia Federal que, lisa y llanamente, no daba abasto.
El ataque al delito fue evolucionando y a los allanamientos se sumaron no sólo el derribo de los llamados aguantaderos narcos, sino también el secuestro de camionetas que fueron puestas al servicio de la policía.
Lejos de detenerse, las inversiones avanzan. Y durante la última semana, la provincia no sólo incorporó tecnología para analizar drogas en el mismo lugar del secuestro, sino también incorporó más de 430 nuevos agentes para reforzar la seguridad en las distintas regiones.
Todas esas inversiones y estrategias se vieron reflejadas en las estadísticas que se conocieron hace apenas unos pocos días. Y según las cuales la cantidad total de delitos en la provincia de Neuquén cayó un 30 por ciento en 2025 respecto de 2024 y se consolidó una tendencia descendente. Es que, en 2024, ya habían bajado.
Según el informe estadístico elaborado por la Policía, el total de hechos delictivos pasó de 28.233 casos en 2024 a 19.900 en 2025, con la particularidad de que el dato más relevante se observa en los delitos contra la propiedad. En 2024 se habían registrado 22.117 hechos y en 2025 la cifra descendió a 14.770, lo que implica una reducción del 33 por ciento.
Además, bajaron los delitos contra las personas con un descenso del 15 por ciento; contra la libertad, un 34 por ciento y completan los números la baja en los delitos sexuales, con 2 por ciento. Aún queda un largo camino por recorrer. Y aunque cada caso policial es un drama en sí mismo, es innegable que la provincia logró dar una vuelta de página, para dejar atrás aquella penosa etapa.
