El Senado debatirá el próximo 6 de agosto el capítulo de la Ley de Propiedad Privada referido al régimen de tierras rurales, luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aceptara las modificaciones consensuadas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo destrabó una iniciativa que había sido postergada en varias oportunidades por diferencias internas y la falta de respaldo suficiente para su tratamiento.
La confirmación fue realizada por la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tras una reunión con Sturzenegger en el Senado, de la que también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. “El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”, afirmó la legisladora.
Uno de los principales cambios incorporados al proyecto establece que las provincias conservarán facultades para intervenir en la autorización de la venta de tierras rurales a inversores extranjeros, especialmente cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. Bullrich explicó que las modificaciones responden a una visión federal del uso de la tierra y aseguró que las provincias podrán dictar sus propias normas en la materia.
La senadora también sostuvo que la iniciativa no compromete la soberanía nacional, al considerar que la propiedad de la tierra no modifica ese principio y que la legislación argentina se aplica por igual a ciudadanos nacionales y extranjeros.
El texto mantiene como eje la eliminación de varias restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque incorpora nuevas condiciones. Entre ellas, dispone que las provincias conservarán la jurisdicción sobre su territorio y que la compra de inmuebles por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera solo podrá concretarse con autorización tanto de la provincia correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, todas las operaciones deberán inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales y, en el caso de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, también será obligatoria la autorización de las autoridades provinciales y nacionales.
Otra de las modificaciones elimina el mecanismo de silencio administrativo, que permitía considerar aprobada una operación si la provincia o la Nación no emitían una resolución dentro de un plazo de seis meses.
Con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los bloques aliados, el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto durante la sesión prevista para el 6 de agosto.
Fuente: Medios
