Un vínculo de confianza de más de diez años terminó en conflicto judicial y denuncia policial en Villa La Angostura. Una vecina denunció a quien fuera su administrador de propiedades al descubrir irregularidades que generaron pérdidas millonarias y el deterioro de dos viviendas que él debía gestionar.
Según consta en la denuncia, el hombre era responsable de administrar dos inmuebles en el barrio El Once. Sin embargo, no solo dejó de rendir cuentas, sino que acumuló deudas impositivas que superan los tres millones de pesos en Rentas y otros 170 mil pesos en el municipio. Además, al ingresar a las casas, la dueña constató muebles faltantes, electrodomésticos desaparecidos y un abandono general del mantenimiento.
“Durante años me aseguró que pagaba los impuestos y cuidaba las casas, pero era mentira”, relató la vecina.
A las pérdidas económicas se suman las denuncias de los vecinos, que alertaron sobre reuniones inapropiadas en una de las viviendas e incluso en el garaje, donde aparentemente se alquilaba para fiestas privadas. “Los vecinos radicaron varias denuncias porque en el garaje de una de las propiedades se hacían orgías y generaban ruidos muy molestos. Luego me enteré que se subalquilaba ese garaje para esos fines”, explicó la propietaria.
La denunciante adelantó que inició acciones judiciales por los daños económicos y morales sufridos, además de una denuncia penal por amenazas. También evalúa reclamar a los garantes del contrato que permitieron la continuidad del vínculo pese a los incumplimientos. Según la ley, el subalquiler sin autorización constituye una violación contractual que habilita la rescisión del acuerdo. Si se suman amenazas o actos de coacción, el Código Penal prevé sanciones que pueden incluir multas o prisión.
El caso abrió un debate sobre la vigilancia de contratos de administración y la protección de los derechos de los propietarios frente a incumplimientos prolongados.
Fuente: Medios.
