El Gobierno nacional aplicó el derecho de admisión a 14 argentinos por distintos hechos ocurridos durante el Mundial 2026 en Estados Unidos. La medida fue oficializada este jueves a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Según las resoluciones 735, 736 y 737/2026, siete personas recibieron una prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por dos años, mientras que otras siete fueron sancionadas por cuatro años debido a su participación en hechos de violencia registrados durante la competencia.
En el primer caso, las autoridades estadounidenses reportaron incidentes ocurridos el 7 de julio durante el partido entre Argentina y Egipto en Atlanta. De acuerdo con la documentación oficial, los involucrados participaron en desórdenes y enfrentamientos físicos dentro del evento, situación que derivó en advertencias por violación de propiedad privada y en su expulsión del estadio.
A ellos se sumaron Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos, quienes fueron detectados por la FIFA utilizando acreditaciones pertenecientes a terceros para ingresar a un encuentro del Mundial. Ambos también recibieron una restricción de concurrencia administrativa por un período de 24 meses.
La sanción más severa alcanzó a siete personas vinculadas a los incidentes ocurridos el 14 de julio durante un banderazo de apoyo a la Selección argentina en Atlanta. Según la resolución oficial, participaron de un enfrentamiento entre grupos identificados con San Lorenzo y Huracán. Las imágenes difundidas por distintos medios y los informes de la Policía de Atlanta permitieron identificarlos, motivo por el cual recibieron una prohibición de ingreso a cualquier estadio del país por cuatro años.
Entre los antecedentes mencionados por las autoridades figura la detención de Matías Ezequiel Silveti durante los disturbios y la aprehensión de Leandro Gastón Fernández en Orlando por una presunta participación en un hecho de hurto. Con estas medidas, el Ministerio de Seguridad busca impedir el acceso a espectáculos deportivos de personas involucradas en hechos de violencia y reforzar los controles sobre los eventos masivos.
Fuente: Medios
