La recta final de 2026 encuentra al Gobierno de Javier Milei con varios frentes abiertos, entre las dificultades para avanzar con su agenda parlamentaria, las tensiones internas con Patricia Bullrich y los reclamos de empresarios y dirigentes por el deterioro de la actividad industrial.
Uno de los principales desafíos legislativos es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos por los artículos que establecen la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un punto que podría complicar su aprobación.
Desde la oposición advierten que ese organismo concentraría amplias facultades en manos del Presidente, entre ellas el diseño de la política de seguridad, la coordinación y supervisión de organismos estatales y la intervención sobre espacios aéreos, marítimos y fluviales. También podría adoptar medidas urgentes ante determinadas amenazas, atribuciones que distintos sectores consideran un avance sobre las competencias previstas en la Constitución Nacional.
El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi anticipó que ese capítulo será modificado durante el debate en la Cámara baja y señaló a Bullrich como una de las dirigentes que podría habilitar cambios. La senadora ya había impulsado modificaciones en otras iniciativas oficiales, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Presupuesto 2027, sobre el que reclamó cambios vinculados al desmantelamiento del sistema de Discapacidad.
La interna con Patricia Bullrich
En la Casa Rosada siguen de cerca los movimientos de la jefa del bloque libertario en el Senado. Según fuentes del oficialismo, la legisladora genera incomodidad con sus posicionamientos y busca diferenciarse del Gobierno, aunque dentro del espacio confían en que Javier y Karina Milei podrán contener las diferencias y evitar una ruptura.
En Balcarce 50 interpretan que Bullrich intenta fortalecer su posición de cara a las negociaciones electorales del próximo año, con el objetivo de conseguir lugares en las listas y ampliar su influencia dentro de La Libertad Avanza. Sus intervenciones se producen en un contexto en el que los resultados económicos generan preocupación en distintos sectores del oficialismo.
La industria, otro foco de preocupación
A las disputas políticas se suman los reclamos de empresarios industriales por la caída de la demanda interna y el impacto de la apertura de las importaciones sobre la producción y el empleo. La situación genera especial inquietud en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte importante de la actividad manufacturera.
Según un documento de septiembre elaborado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 se perdieron 30.748 puestos de trabajo registrados en la industria bonaerense, una caída del 5,7%.
En ese escenario, Paolo Rocca, titular de Techint, también advirtió sobre el crecimiento del contrabando y su impacto en la rentabilidad de las empresas. El planteo se suma a las demandas de distintos referentes industriales para que el Gobierno adopte medidas que ayuden a sostener la actividad y frenen la pérdida de empleos.
La preocupación también alcanza a gremios y dirigentes oficialistas de la provincia de Buenos Aires. Entre los reclamos aparecen mayores controles sobre el ingreso de mercadería y cuestionamientos a la capacidad operativa de la Aduana, que, según señalan distintos actores, se habría reducido por los recortes de personal y recursos.
Así, el oficialismo llega al cierre del año con desafíos simultáneos en el Congreso, en su propia estructura política y en la economía productiva, mientras intenta sostener su programa de gobierno en medio de cuestionamientos crecientes.
Fuente: Medios
