El Gobierno intensificó las negociaciones con diputados de distintos bloques para conseguir dictamen y avanzar con la aprobación del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. La iniciativa será analizada el martes 27 de octubre, a las 16, en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde el oficialismo buscará reunir los respaldos necesarios para llevarla al recinto.
Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y legisladores nacionales del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Justicialista (PJ), entre otros espacios.
El tratamiento del proyecto viene demorado y el calendario legislativo representa uno de los principales obstáculos para el Gobierno. Aunque el oficialismo consiga dictamen en el plenario, son pocas las expectativas de que la iniciativa pueda debatirse en una sesión el miércoles 28 de octubre, considerada la última fecha disponible para intentar aprobarla durante ese mes.
Noviembre, en tanto, aparece como un período complicado para incorporar nuevos temas, debido a que la discusión del Presupuesto concentrará buena parte de la actividad parlamentaria. A eso se suman las dificultades para encontrar una fecha de sesión por los feriados vinculados con la visita del papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Tras la reunión con los diputados, Ravier defendió la necesidad de avanzar con la iniciativa y expresó su expectativa de conseguir un dictamen favorable. “Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”, sostuvo en sus redes sociales.
El funcionario también remarcó que la Ley de Defensa de la Soberanía es “prioridad para este Gobierno” y afirmó que la causa Malvinas “es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”.
Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es endurecer las sanciones por la explotación o la cooperación en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes. El texto contempla penas de hasta 20 años de prisión y la inhabilitación para operar en la Argentina.
El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones más allá de los hidrocarburos: alcanzarán a cualquier aprovechamiento no autorizado por el país de recursos naturales renovables y no renovables. Además, crea un registro público de infractores y establece que el Estado y los particulares no podrán contratar con las personas o entidades incluidas en esa nómina.
La propuesta también incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados en la nueva normativa.
Otro de sus puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá la responsabilidad de coordinar estrategias diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Entre sus atribuciones, podrá disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y aumentar temporalmente los derechos aduaneros.
La iniciativa también contempla la autorización para derribar aeronaves y hundir buques considerados hostiles, como último recurso y una vez agotadas las instancias previstas en un protocolo de actuación.
Restricciones a los aportes extranjeros y nuevos delitos
El texto prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
Además, incorpora delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia. También prevé sanciones para acciones financiadas o impulsadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva o promover y financiar actos de violencia y sabotaje.
En materia de Defensa, el proyecto redefine las funciones del área y habilita su intervención en asuntos de seguridad interna ante amenazas externas, tanto de actores estatales como no estatales.
Por último, la iniciativa incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida permitirá inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
Fuente: Medios
