La batalla judicial por los bienes de la familia Kirchner volvió a escena. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 2 la ejecución inmediata del decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, cuyo monto total asciende a $684.990 millones.
La solicitud incluyó un fuerte cuestionamiento a la respuesta de Máximo y Florencia Kirchner, quienes se opusieron a que sus propiedades y fondos fueran alcanzados por el decomiso. Ambos, patrocinados por el abogado Joel Goldin, sostuvieron que son “terceros ajenos a los hechos investigados” y que la medida equivaldría a una “confiscación” de bienes obtenidos legítimamente a través del proceso sucesorio por la muerte de Néstor Kirchner y de un adelanto de herencia de su madre.
Sin embargo, los fiscales Luciani y Mola señalaron que la cesión de esos bienes se produjo una vez consumado el fraude y que, por lo tanto, no puede considerarse de buena fe. En su presentación, remarcaron que la condena contra Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez está firme desde el 10 de junio de 2025, tras la ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Aun así, denunciaron que “los condenados se negaron a devolver el dinero de la defraudación” y que “no depositaron ni un solo peso”.
Los bienes en disputa
Entre los activos que los fiscales reclaman ejecutar figuran propiedades y desarrollos inmobiliarios en Río Gallegos y El Calafate, cuna patrimonial y política del kirchnerismo.
En la capital santacruceña se encuentran diez departamentos ubicados en las calles Güer Aike y Mitre 535, construidos bajo un fideicomiso constituido el 10 de junio de 2005 entre Néstor y Cristina Kirchner (representados por Máximo) y la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
También está bajo la lupa el Hotel Los Sauces, en El Calafate, uno de los emprendimientos turísticos más emblemáticos de la familia. Según los fiscales, su valorización se debió a obras realizadas por Austral Construcciones dentro de un terreno fiscal comprado por Cristina Kirchner, lo que demostraría según el fallo de Vialidad un circuito de beneficios cruzados entre el poder político y el empresario Báez. Parte de esos inmuebles fueron posteriormente cedidos a los hijos de la exmandataria.
Luciani y Mola advirtieron que el decomiso económico no puede quedar “a la voluntad de los condenados” y reclamaron al tribunal “usar todos los medios compulsivos que la ley establece” para garantizar el cumplimiento de la sentencia. “La tardanza en el cumplimiento de una condena firme provoca en la sociedad un sentimiento de injusticia e impunidad”, señalaron.
Contexto judicial
El Tribunal Oral Federal Nº 2, que en diciembre de 2022 dictó las condenas por defraudación al Estado, había solicitado opinión a cada condenado sobre los bienes a decomisar antes de resolver la ejecución. Esa medida, que buscaba ordenar la restitución, desató la protesta de los fiscales, quienes consideraron que ya no hay margen para demoras.
La defensa de los Kirchner insiste en que los bienes en cuestión fueron incorporados “de buena fe” y “en forma legítima”, tanto en el proceso sucesorio como mediante el adelanto de herencia otorgado en 2016. En ese año, Cristina Kirchner transfirió a sus hijos la propiedad de varios inmuebles y cerca de seis millones de dólares, hoy inmovilizados judicialmente.
El pedido de los fiscales para que el decomiso se haga efectivo se suma a una serie de planteos que buscan garantizar la recuperación de activos estatales presuntamente desviados durante los gobiernos kirchneristas. Para Luciani y Mola, la ejecución económica es “una condición esencial para restaurar la confianza en las instituciones y desterrar la impunidad”.
El tribunal deberá ahora definir si avanza con el remate y la ejecución inmediata de los bienes, lo que podría abrir un nuevo capítulo judicial para la familia Kirchner, con especial impacto en Santa Cruz, donde se concentra gran parte de su patrimonio histórico.
