La investigación está a cargo de la fiscal Rocío Rivero, integrante de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, quien ya ordenó una serie de medidas para rastrear el dinero transferido y determinar cómo se concretó la maniobra.
Todo comenzó el pasado 29 de mayo, cuando se registraron distintos incidentes en la ciudad. Mientras personal de la cooperativa CALF trabajaba para controlar el incendio de un transformador en la zona de Entre Ríos y Alberdi, efectivos policiales intervenían en un robo ocurrido en el Colegio de Bioquímicos de Neuquén y en un local gastronómico cercano.
De acuerdo con la investigación preliminar, las cámaras de seguridad registraron a un hombre que ingresó durante la madrugada al predio del Colegio y posteriormente al Bodegón B9. En este último lugar logró sustraer algunas bebidas, aunque no pudo acceder al interior del local pese a intentar realizar un boquete.
En la sede de los bioquímicos, en cambio, logró llevarse una cartera que contenía tarjetas bancarias y documentación con información vinculada a los asociados.
Mientras se desarrollaban las pericias, una autoridad de la institución acudió a la Comisaría Primera para formalizar la denuncia. Allí recibió la recomendación de comunicarse de inmediato con las entidades bancarias para bloquear las tarjetas y evitar posibles operaciones fraudulentas.
Ante la urgencia, personal administrativo comenzó a buscar canales de contacto para realizar el trámite. Fue entonces cuando una de las empleadas encontró en internet un número telefónico que supuestamente pertenecía al servicio de atención bancaria.
Del otro lado de la línea respondieron personas que se hicieron pasar por representantes de la entidad financiera. Mediante distintas estrategias de engaño lograron obtener información sensible relacionada con las cuentas del Colegio y posteriormente concretaron transferencias millonarias.
Las primeras estimaciones indican que el monto sustraído superaría los 400 millones de pesos. Entre las operaciones detectadas figura al menos una transferencia cercana a los 120 millones de pesos, aunque los investigadores continúan reconstruyendo el recorrido total del dinero.
Desde Fiscalía confirmaron que una de las principales tareas en curso consiste en determinar la trazabilidad de los fondos transferidos. Para ello se solicitaron registros bancarios, información sobre las cuentas receptoras y datos vinculados a las líneas telefónicas utilizadas durante la maniobra.
Además, se analizará el teléfono desde el que se realizó la llamada al supuesto centro de atención y los contactos mantenidos durante el proceso que culminó con el vaciamiento de las cuentas.
Los investigadores no descartan que el dinero haya sido distribuido en múltiples cuentas para dificultar su rastreo, una modalidad frecuente en este tipo de delitos informáticos. También buscan establecer si la maniobra fue ejecutada por una organización especializada y si existen más personas involucradas en el fraude.
La causa avanza bajo la órbita de Delitos Económicos con el objetivo de identificar a los responsables y determinar si existe alguna posibilidad de recuperar parte de los fondos sustraídos.
Fuente: Medios
