En la mayoría de estos planteos, el Ministerio Público Fiscal mantiene una postura contraria a otorgar nuevos beneficios o modificar las condiciones ya fijadas, aunque la decisión final queda en manos de los jueces.
Uno de los casos recientes fue el de Agustín Rosario Aravena, un condenado por narcotráfico de Cutral Co que cumple una pena de cuatro años y medio bajo arresto domiciliario, controlado mediante una tobillera electrónica.
Aravena solicitó autorización para concurrir al cementerio todos los fines de semana. La fiscalía consideró que una visita mensual era suficiente, pero el juez hizo lugar al planteo y autorizó la frecuencia solicitada.
Otro expediente tuvo como protagonista a Milton “el Tío” Prado, condenado por narcotráfico y alojado en la cárcel federal de General Roca. Durante sus salidas transitorias pidió permiso para ir a una plaza junto a sus hijos.
En este caso, la fiscalía volvió a oponerse al planteo y el juez coincidió con esa postura, rechazando la solicitud para extender el recorrido autorizado durante sus salidas.
También se resolvió el pedido presentado por José Walter Quintana, un exagente penitenciario condenado a prisión perpetua por el homicidio del interno Argentino Pelozo Iturri en la exU9.
Quintana solicitó una salida extraordinaria para asistir al cumpleaños de uno de sus nietos. Su defensa pidió además que la custodia lo acompañara vestida de civil para evitar una mayor exposición durante el traslado a Neuquén capital.
Aunque la fiscalía se manifestó en contra, el juez autorizó la salida excepcional y dispuso que, de ser posible, el personal de custodia no utilizara su uniforme habitual.
En contraste, uno de los pedidos que suele recibir menos objeciones es el relacionado con actividades educativas. Esta semana, una mujer de Las Lajas que cumple prisión domiciliaria obtuvo autorización para asistir a una institución de esa localidad y cursar una carrera de nivel terciario.
Fuente: Medios
