En esta nueva instancia fueron sometidos a los análisis dos ministros provinciales, en el marco de un esquema que se desarrolla de manera periódica y alcanza a todos los funcionarios comprendidos por la ley, sin distinción de jerarquías.
Los controles se realizan con una frecuencia trimestral y forman parte de un cronograma que continuará durante toda la gestión hasta completar el universo de funcionarios alcanzados por la normativa.
Desde el Ejecutivo señalaron que el propósito es garantizar que quienes ocupan cargos de conducción ejerzan sus funciones libres del consumo de sustancias prohibidas, fortaleciendo los estándares de idoneidad y responsabilidad en la función pública.
Cómo funciona el sistema
El Gobierno aclaró que los exámenes no constituyen un requisito para el ingreso a la administración pública, sino una herramienta de supervisión sobre quienes ya desempeñan funciones jerárquicas.
En caso de que un resultado positivo sea confirmado, el funcionario cesará en su cargo político o jerárquico y, si corresponde, regresará a su categoría de planta permanente para recibir el acompañamiento y tratamiento sanitario correspondiente.
Asimismo, el sistema garantiza la confidencialidad de la información mediante la Historia Clínica Digital Única, a la que solo pueden acceder el propio agente y el personal médico autorizado.
Derecho a una contraprueba
La normativa también contempla garantías para preservar el debido proceso. Entre ellas, se asegura la cadena de custodia de las muestras y el derecho del funcionario a solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas posteriores al resultado, además de la posibilidad de contar con peritos de parte durante el procedimiento.
Con la finalización de esta segunda ronda de controles, el Ejecutivo provincial ratificó su decisión de sostener estos mecanismos de fiscalización de manera permanente como parte de una política orientada a fortalecer la transparencia y la confianza en la gestión pública.
Fuente: Medios
