Los bloques peronistas Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro solicitaron al Poder Ejecutivo de Río Negro un informe detallado sobre las actividades mineras y las estructuras societarias vinculadas a Federico Andrés “Fred” Machado y a su primo Claudio Ciccarelli, ambos con antecedentes o vínculos empresariales en el rubro extractivo.
El pedido, que ingresó formalmente a la Legislatura el viernes, apunta a esclarecer la posible existencia de contratos, permisos, subsidios o beneficios fiscales otorgados a firmas relacionadas con los empresarios. Machado, oriundo de Viedma, permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera de su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.
La solicitud fue impulsada por los legisladores José Luis Berros, Ana Marks, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso y Leandro García, y dirigida a distintos organismos provinciales: la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas.
Empresas bajo la lupa
El pedido se centra en las concesiones mineras otorgadas desde 2005 a sociedades como Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining S.A.C., vinculadas según los legisladores a Ciccarelli y Machado.
En el documento, los autores solicitan conocer los detalles de los contratos, beneficios tributarios, uso del agua, estudios de impacto ambiental, inspecciones, sanciones y eventuales incompatibilidades con la Ley de Ética Pública. La preocupación central radica en que Ciccarelli habría ejercido funciones como empleado estatal, incluso adscripto en la Legislatura provincial, al mismo tiempo que mantenía participación en empresas privadas con intereses mineros.
“El objetivo es determinar si el gobierno provincial financió negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Ciccarelli, que además es empleado estatal, y a Federico ‘Fred’ Machado, requerido por la justicia internacional”, señaló José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos.
La legisladora Ana Marks, del bloque PJ–Nuevo Encuentro, subrayó que el pedido “trasciende lo electoral” y que busca establecer “si existieron beneficios estatales hacia empresas ligadas a capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales y la institucionalidad provincial”.
Contexto político y judicial
El caso cobró notoriedad nacional tras las denuncias del diputado Martín Soria, quien vinculó públicamente a Machado con operaciones de financiamiento político y presuntas triangulaciones de dinero. Según documentación judicial estadounidense, transferencias por más de 200 mil dólares realizadas desde la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc. usada en maniobras de narcotráfico y lavado habrían tenido destino en cuentas argentinas, lo que contradice la versión de Machado sobre asesorías profesionales.
Por su parte, Claudio Ciccarelli realizó un descargo público a comienzos de septiembre a través de sus redes sociales, rechazando las acusaciones y asegurando que “nunca ha sido imputado por delito alguno” ni es “testaferro de nadie”.
Una trama con derivaciones políticas
El caso también generó ruido dentro del oficialismo provincial. Ciccarelli mantiene vínculos de confianza con la diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde, lo que despertó cuestionamientos en torno a posibles conflictos de intereses y al control estatal sobre la minería rionegrina.
El pedido de informes fue presentado en una semana donde el gobierno provincial busca reforzar la transparencia en los proyectos energéticos y mineros, sectores que hoy concentran inversiones estratégicas bajo el régimen RIGI.
