En lo que va de 2025, el Gobierno de Neuquén mantiene firme su política de “tolerancia cero” contra la corrupción, el ausentismo y la indisciplina en el Estado. A través de sumarios acelerados y sanciones ejemplares, ya se contabilizan 38 empleados de planta permanente que fueron cesanteados o exonerados, muchos por hechos ocurridos en gestiones anteriores.

La medida, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, apunta a reordenar los recursos del Estado, erradicar gastos injustificados y recuperar la confianza ciudadana en el funcionamiento del sector público. “Reordenar para distribuir” es el lema de una purga que alcanza desde hospitales y escuelas hasta empresas estatales y fuerzas de seguridad.
Entre los casos más graves se destaca el del exgerente de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, quien fue despedido tras representarse ilegalmente en un juicio, cobrar honorarios indebidos y perder el litigio. El caso podría derivar en acciones penales y civiles por defraudación.
En el Hospital de Zapala, un chofer de ambulancia fue exonerado luego de que se encontraran drogas, dinero en efectivo y elementos de narcomenudeo en su locker. También hubo sanciones por hechos de violencia, estafas y abuso de poder en áreas sensibles como la Subsecretaría de Familia.
La política disciplinaria ha sido especialmente severa con los empleados condenados por delitos sexuales, aplicando la exoneración con pérdida de beneficios previsionales. La lista incluye a miembros del Servicio Penitenciario, policías y un portero escolar, todos condenados judicialmente.
En uno de los casos más duros, un sargento ayudante fue despedido tras ser condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado contra su hija. En Aluminé, un portero del Consejo Provincial de Educación fue desvinculado por abuso sexual continuado contra compañeras de trabajo.
Las faltas administrativas también están bajo la mira. La jefa de Recursos Humanos de Neutics Sapem fue despedida tras presentar certificados médicos truchos, incluso con fechas futuras. En el hospital Castro Rendón, una mucama y un camillero fueron descubiertos falsificando licencias con sellos robados.

El abandono de cargo es otro motivo frecuente de desvinculación. Un portero de Centenario acumuló 165 faltas injustificadas en dos años, mientras que un médico del hospital de Chos Malal fue cesanteado tras emigrar a Estados Unidos sin avisar ni renunciar.
Algunos casos rozan lo absurdo,un agente justificó su inasistencia diciendo que no tenía celular para avisar.
Las medidas son notificadas mediante decretos oficiales y, en muchos casos, acompañadas de acciones legales para recuperar los sueldos percibidos de forma indebida, bajo el concepto de perjuicio fiscal y enriquecimiento sin causa.
El gobierno provincial busca dejar un mensaje claro, no se tolerarán más las prácticas de impunidad o desidia en la función pública, sin importar el rango del implicado ni su afiliación política.
La depuración continúa y, según fuentes oficiales, los sumarios activos podrían derivar en nuevas sanciones en los próximos meses. La advertencia está sobre la mesa, quien no cumpla, queda fuera del Estado.
Fuente: Medios







