El debate no estará centrado en el juicio oral, previsto para los primeros días de agosto, sino en la posible modificación de la prisión preventiva que cumple la imputada, luego de que fuera sometida a una intervención quirúrgica por una infección ósea en el hospital Castro Rendón.
Hasta el momento no trascendió cuál será la postura del Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal María Guadalupe Inaudi, que desde el inicio de la causa sostuvo la necesidad de mantener la prisión preventiva por los riesgos procesales.
Un debate que ya enfrentó a Fiscalía y Defensa
Desde que comenzó la investigación, la medida cautelar fue uno de los principales puntos de conflicto entre las partes.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, mientras que la defensa reclamó que Silva cumpliera prisión domiciliaria.
La preventiva fue confirmada en distintas instancias judiciales, primero por un tribunal revisor y, posteriormente, en abril de este año, por el Tribunal de Impugnación. Ahora, el estado de salud de la imputada abrió un nuevo planteo que será evaluado por la Justicia.
La acusación
Silva está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual por el siniestro ocurrido el 1 de agosto de 2025 sobre la Ruta Provincial 7.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la mujer cruzó un semáforo en rojo, continuó circulando pese al intenso tránsito y embistió a Elizabeth Martínez, quien se desplazaba en motocicleta luego de dejar a su hijo en la escuela. La víctima murió en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

De acuerdo con la acusación, tras el impacto Silva escapó del lugar sin asistir a la motociclista y recién horas después se presentó en la Comisaría Quinta de Centenario.
Para la fiscal Inaudi, la conductora “no actuó con mera imprudencia”, sino que aceptó el riesgo de provocar un resultado fatal al continuar su marcha pese al peligro.
Cómo comenzó la causa
En un primer momento, la Fiscalía formuló cargos por homicidio culposo agravado, atribuyéndole conducción imprudente, fuga, omisión de auxilio, conducir sin licencia habilitante, violar la luz roja del semáforo y actuar con culpa temeraria.
Con el avance de la investigación, la calificación fue agravada a homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas significativamente más severas.
Fuente: Medios




