El Gobierno de Río Negro mantiene firme su política de ordenamiento en la administración pública y en el último año y medio aplicó 513 sanciones a empleados estatales. Entre ellas se destacan 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, según los datos informados por la Junta de Disciplina provincial.
Desde enero de 2024 se tramitaron más de 900 expedientes, se abrieron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. En el mismo período, 70 agentes fueron sobreseídos y 193 causas fueron archivadas al no encontrarse faltas comprobables.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que las medidas “buscan garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho”, y remarcó que el objetivo es respaldar a los agentes que cumplen correctamente con sus tareas.
Las investigaciones se inician ante distintas situaciones que afectan el funcionamiento estatal, como ausencias injustificadas, negligencia, conflictos laborales, malos tratos o incumplimiento de tareas. En los casos más graves se aplican sanciones de cesantía o exoneración, la primera implica la desvinculación temporal con posibilidad de reingreso, mientras que la segunda supone la expulsión definitiva del Estado, reservada para delitos con condena penal firme.
El proceso es resuelto por la Junta de Disciplina, integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos representantes gremiales (ATE y UPCN), lo que garantiza transparencia y equilibrio institucional.
Lastra subrayó que el fortalecimiento institucional es una prioridad del Ejecutivo y que “Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día”
Fuente: Medios
