La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una reforma integral de la Ley K N° 5255 que redefine el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo y actualiza el sistema de fiscalización laboral en todo el territorio provincial. La iniciativa introduce cambios estructurales orientados a modernizar el organismo, ampliar sus competencias y fortalecer los mecanismos de control.
El nuevo esquema establece un sistema de inspección con carácter preventivo, correctivo y sancionatorio, con el objetivo de mejorar la capacidad de fiscalización. Además, habilita la creación de delegaciones y oficinas territoriales para garantizar presencia institucional en distintas regiones. Los protocolos emitidos por la autoridad de aplicación tendrán carácter obligatorio, en línea con la normativa vigente en materia laboral.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la digitalización de los procesos. Se implementarán expedientes electrónicos, actas digitales y un legajo digital del empleador, herramientas que permitirán optimizar la trazabilidad de las inspecciones y detectar reincidencias. A su vez, la normativa incorpora la fiscalización de nuevas modalidades laborales, como el teletrabajo y las actividades desarrolladas a través de plataformas digitales.
La Secretaría de Trabajo también amplía su alcance con nuevas responsabilidades vinculadas a políticas laborales y sociales. Entre ellas se incluyen la promoción de la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral de personas con discapacidad, la erradicación del trabajo infantil y el impulso a la contratación de mano de obra local. Asimismo, se incorpora el patrocinio jurídico gratuito para trabajadores en instancias judiciales posteriores a conciliaciones sin acuerdo.
En materia de control, la reforma prevé mecanismos para fomentar el cumplimiento voluntario de la normativa, como la autoinspección mediante declaración jurada y las audiencias de regularización laboral. En paralelo, se crea el Registro Provincial de Infractores Laborales y se establece un sistema de multas medido en unidades “Jus”, con el fin de evitar su desactualización.
Durante el debate, legisladores de distintos bloques respaldaron la iniciativa y destacaron la necesidad de actualizar el rol del Estado en el ámbito laboral. Desde el oficialismo subrayaron que el objetivo es avanzar hacia un modelo más preventivo y eficiente, con mayor capacidad de intervención y acompañamiento en el cumplimiento de las normas.
Fuente: Medios




