Cerrarán al 40% de los registros del automotor y eliminan la cédula azul

El Gobierno cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y eliminará la cédula azul como documento requerido para circular con el auto, según informó hoy un comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

A partir de mayo, cualquier persona podrá circular con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde, que además dejará de tener vencimiento. La cédula verde es el documento en el que figura la identidad del propietario del vehículo y todos los datos del modelo en cuestión (marca, tipo, número de chasis y de motor). La cédula azul, en tanto, permite que un tercero conduzca el automóvil.

Luego de la eliminación, la semana última, del Certificado de Transferencia Automotor (CETA)  que obligaba a reportar la venta de un vehículo a la AFIP, el Gobierno decidió avanzar con su objetivo de reducir los trámites burocráticos ligados con la compra de los autos. La cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona indicó en el comunicado oficial que "de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas", entre las que detalla:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos
• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas;
• Se eliminará la "cédula azul": a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se eliminará el vencimiento de todas las "cédulas verdes".

Hasta ahora, las cédulas verdes caducaban al año de ser emitidas, pero el titular del vehículo podía conducir de todas formas pese a que estuviera vencida. En cambio, no podía hacerlo un tercero, que necesitaba la cédula azul.

El Ministerio definió también que "los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros".

Otra de las medidas será la digitalización de "la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos".

Baja de impuestos

Según el comunicado, el Gobierno también propondrá a las provincias la adhesión de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

El comunicado indicó además que "se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función". También, "se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales".

Otro de los cambios que dictaminó el Ministerio de Justicia es la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores, lo cual "permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios".

Por último, "se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales".

El Ministerio informó a su vez que "se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo".

Fuente La Nación