Este miércoles se cumple un año de la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El fallo confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un hecho que provocó un fuerte impacto político y desencadenó una serie de movilizaciones, vigilias militantes y reclamos por parte del kirchnerismo.
En los días previos a la resolución judicial, el Partido Justicialista atravesó un clima de máxima tensión. Dirigentes, militantes y organizaciones afines denunciaban una supuesta proscripción política y advertían sobre las consecuencias institucionales que tendría la ratificación de la condena. En ese contexto, Cristina Kirchner encabezó el 9 de junio un acto en la sede nacional del PJ, donde calificó su inminente detención como un “certificado de dignidad” frente a lo que definió como una persecución impulsada por el “Partido Judicial”.
Tras conocerse la decisión de la Corte, la ex mandataria permaneció en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en la calle San José 1111. Desde ese momento, el lugar se convirtió en un punto de concentración permanente para la militancia kirchnerista, que organizó vigilias y manifestaciones en respaldo a la ex presidenta.
Las apariciones de Cristina Kirchner en el balcón de su vivienda se transformaron en una de las imágenes más representativas de aquel período. Los saludos a los militantes congregados en las inmediaciones despertaron entusiasmo entre sus seguidores, pero también generaron críticas de sectores que cuestionaban la exposición pública de una dirigente condenada. Ante la controversia, la Justicia aclaró que podía utilizar ese espacio siempre que lo hiciera con prudencia y sin alterar la convivencia vecinal.
La tensión también se trasladó a las calles. Entre el 10 y el 12 de junio se registraron cortes y protestas impulsados por sindicatos y movimientos sociales en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el kirchnerismo analizaba la posibilidad de organizar una masiva movilización hacia los tribunales de Comodoro Py, aunque finalmente la notificación formal del arresto domiciliario se realizó de manera virtual el 17 de junio.
La decisión judicial incluyó el uso de una tobillera electrónica y una serie de restricciones vinculadas al régimen de visitas. Desde el kirchnerismo calificaron esas medidas como excesivas y sostuvieron que implicaban un trato discriminatorio. Sin embargo, los planteos para modificar las condiciones de detención fueron rechazados por la Justicia.
Un día después de iniciarse formalmente el cumplimiento de la pena, miles de personas participaron de una movilización en Plaza de Mayo para expresar su respaldo a la ex presidenta. La convocatoria contó con una amplia participación de sectores políticos, sindicales y sociales, aunque la CGT no adhirió de manera orgánica.
Durante los meses posteriores, Cristina Kirchner continuó recibiendo visitas de dirigentes políticos, referentes sociales y allegados en su domicilio. Algunas de esas reuniones generaron nuevas controversias y derivaron en una mayor regulación por parte del Tribunal Oral Federal 2, que estableció límites en la cantidad de visitantes y en la duración de los encuentros.
A un año de la confirmación de la condena, el kirchnerismo mantiene vigente la campaña “Cristina Libre” y continúa reclamando una flexibilización de las condiciones de detención. La situación sigue ocupando un lugar central dentro del espacio político que respalda a la ex mandataria y se ha convertido en uno de los principales ejes de movilización de ese sector de la oposición.
Fuente: Medios
