La causa por los sobresueldos durante el gobierno de Miguel Saiz sumó un nuevo capítulo este lunes con la detención del exministro de Educación, César Barbeito, quien se presentó voluntariamente en una comisaría de Bariloche tras regresar al país y quedar firme su condena por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Barbeito se convirtió así en el segundo exfuncionario en quedar detenido luego de que el viernes hiciera lo propio el exsecretario general de la Gobernación, Francisco “Ringo” González, quien actualmente permanece alojado en una dependencia policial de Pomona.
Ambos fueron condenados por el delito de peculado en el marco de la causa que investigó el pago de sobresueldos en la administración provincial. Las penas impuestas, de tres años y medio de prisión, son de cumplimiento efectivo, motivo por el cual quedaron detenidos tras agotarse las instancias judiciales.
Ahora será el Servicio Penitenciario Provincial el encargado de definir si los exfuncionarios continúan alojados en dependencias policiales o son trasladados a otros establecimientos de detención.
Mientras tanto, las defensas trabajan en una estrategia para solicitar la libertad de sus representados. El planteo se basaría en el tiempo transcurrido desde la condena original hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte Suprema, argumentando una posible prescripción de la pena.
En ese sentido, existe un antecedente citado por los abogados defensores: el caso de Miguel Irigoyen, quien logró que prosperara un planteo similar tras la resolución definitiva de la Corte en otra causa judicial.
La ejecución de las condenas también generó movimientos dentro del Poder Judicial. Según trascendió, la decisión de acelerar las notificaciones y los procedimientos de detención provocó malestar interno entre algunos actores judiciales, en medio de diferencias sobre los tiempos y mecanismos de actuación tras el fallo del máximo tribunal.
Además de Barbeito y González, la causa alcanzó a otros exintegrantes del gabinete provincial. Fueron condenados los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, junto al extesorero general José Ongaro. Sin embargo, al recibir penas menores, permanecen en libertad por tratarse de condenas excarcelables.
Con la decisión de la Corte Suprema, uno de los expedientes más emblemáticos de la política rionegrina ingresó en su etapa final, con las primeras detenciones efectivas de exfuncionarios de alto rango involucrados en el caso.
