Tras más de siete jornadas de audiencias realizadas en Viedma, concluyó el juicio oral contra los exintendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, además de cuatro exfuncionarios municipales investigados por presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional Techo Digno. El tribunal dará a conocer su veredicto el próximo 10 de junio.
Durante los alegatos de clausura, la Fiscalía solicitó que tres de los imputados sean declarados responsables por una maniobra vinculada a la sobrecertificación de avances de obra, que habría permitido efectuar pagos por trabajos que no estaban ejecutados. En cambio, desistió de la acusación contra otros tres acusados en relación con un segundo convenio destinado a obras de infraestructura y movimientos de suelo.
Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, el hecho principal investigado se produjo durante la ejecución de un convenio firmado en 2014 para la construcción de 40 viviendas. La acusación indicó que se certificó un avance cercano al 71%, cuando distintas pericias técnicas determinaron que el progreso real de las obras era de apenas 42,21%.
Para la Fiscalía, esas certificaciones posibilitaron el pago de trabajos inexistentes y generaron un perjuicio económico estimado en más de 793 millones de pesos, monto actualizado a marzo de 2025. Además, señalaron que la maniobra produjo un beneficio indebido para la empresa contratista.
“Se falsearon certificados de avance de obra para pagarle a la empresa por trabajos que no se habían realizado“, sostuvo la acusación durante su alegato final. Incluso detalló que algunos ítems certificados, como cielorrasos, carpetas, pisos y revoques, “no existieron ni remotamente” al momento de las inspecciones.
La Fiscalía remarcó que cinco especialistas coincidieron en señalar que las viviendas presentaban un avance considerablemente menor al reflejado en la documentación oficial. Además, sostuvo que la secuencia administrativa compuesta por certificaciones, facturación, resoluciones y pagos quedó acreditada mediante pruebas documentales, testimoniales y periciales.
Otro de los puntos destacados por la acusación fue que algunos porcentajes certificados coincidían exactamente con los montos transferidos. También valoró la pericia caligráfica que permitió autenticar firmas incorporadas en la documentación cuestionada y atribuirlas a los acusados.
Respecto del segundo hecho investigado, relacionado con obras de infraestructura y movimientos de suelo, la Fiscalía concluyó que los trabajos certificados efectivamente habían sido ejecutados. En ese contexto, desistió de la acusación contra Nelson Iribarren y otros dos exfuncionarios, al considerar que no existió una actuación destinada a perjudicar al municipio.
Por su parte, las defensas rechazaron las acusaciones y cuestionaron las pericias realizadas durante la investigación. Los abogados sostuvieron que no se logró acreditar la existencia de una maniobra fraudulenta ni el dolo requerido para una condena.
Además, remarcaron que las gestiones municipales involucradas atravesaban un complejo contexto económico y político, y defendieron la legalidad de las actuaciones administrativas cuestionadas.
Los hechos fueron encuadrados por la Fiscalía como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso. La decisión final quedará en manos del tribunal, que dará a conocer el veredicto el próximo 10 de junio.
