El Gobierno de Neuquén profundizó su política de “tolerancia cero” frente a incumplimientos en la función pública y, durante el primer trimestre de 2026, desvinculó a 15 agentes estatales por distintas irregularidades, que incluyen inasistencias, causas judiciales, delitos y faltas graves a los reglamentos internos.
Las cesantías alcanzaron a personal de distintas áreas, como Policía, Salud, Educación, el sistema de emergencias y organismos provinciales, en el marco de sumarios administrativos que, en varios casos, derivaron en sanciones máximas.
Policías con sanciones y causas
Entre los primeros casos del año, el Ejecutivo desvinculó a cuatro efectivos policiales por reiteradas faltas disciplinarias. Las sanciones incluyeron ausencias injustificadas prolongadas, acumulación de arrestos y causas judiciales, como una investigación por presunta falsedad en certificados médicos.
A lo largo del trimestre también fueron cesanteados otros agentes de la fuerza por acumulación de sanciones —algunos con más de 100 días de arresto—, lo que configura causal directa de expulsión según el reglamento.
Ausencias y abandono de cargo
Una parte importante de las desvinculaciones estuvo vinculada a faltazos reiterados o abandono de funciones. En ese grupo se incluyó a una trabajadora del Ministerio de Educación y a empleados de organismos como el EPEN y el sistema de salud.
Uno de los casos más resonantes fue el de un agente del Ministerio de Energía, señalado como “ñoqui VIP”, a quien se le comprobó un esquema sostenido de ausencias y registros de ingreso sin cumplimiento efectivo de tareas durante años.
También se dispuso la cesantía de una técnica laboratorista de Villa La Angostura por abandono de cargo durante meses, y de una trabajadora de Salud con reiteradas inasistencias acumuladas en gestiones anteriores.
Delitos, denuncias y hechos graves
Entre los casos más graves aparece el de un operador del sistema de emergencias (SIEN), denunciado por estafar a una paciente a la que le habría sustraído dinero tras ofrecerle un servicio particular. La investigación derivó en su expulsión.
En marzo, además, fue desvinculado un médico acusado de acoso, abuso sexual y violencia de género contra compañeras de trabajo. El sumario administrativo consideró probadas las denuncias, mientras que las víctimas iniciaron acciones judiciales.
Otro caso relevante fue el de un auxiliar educativo condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado, lo que derivó en la pérdida de su estabilidad laboral.
También se registraron cesantías por conductas violentas, como la de un chofer estatal que protagonizó un episodio agresivo en la vía pública, con daños materiales y presunto estado de ebriedad.
Un esquema disciplinario más estricto
Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas forman parte de una política orientada a ordenar el funcionamiento del Estado, sancionar incumplimientos y resguardar los recursos públicos.
El esquema contempla la realización de sumarios administrativos con garantías de defensa, aunque en varios casos los agentes ni siquiera se presentaron a declarar.
Con este enfoque, el Gobierno busca marcar un cambio de criterio en la administración pública, con mayor control sobre el cumplimiento laboral y sanciones más severas ante conductas irregulares o delictivas.
Fuente: Medios
