Un empleado del EPEN fue cesanteado por reiteradas ausencias injustificadas

El Gobierno neuquino sumó nuevas cesantías en organismos estatales por abandono de cargo. Dos empleados fueron desvinculados tras acumular decenas de inasistencias injustificadas.

En el marco de la política de “tolerancia cero” contra la falta de compromiso en la administración pública, el gobierno de Rolando Figueroa sumó nuevos casos de cesantías en organismos estatales por abandono de funciones. Uno de los casos más recientes involucra a Pablo Ambrosio Calpan, quien se desempeñaba en el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Según confirmaron fuentes oficiales, el exagente fue apartado de su cargo tras acumular cinco meses consecutivos de inasistencias injustificadas, entre el 2 de octubre de 2023 y el 29 de febrero de 2024.

De acuerdo con el expediente administrativo, Calpan no presentó certificados médicos ni informó a sus superiores sobre su situación. Durante el proceso sumarial, reconoció las faltas, pero no logró justificar su conducta. 

La Junta de Disciplina recomendó por unanimidad la cesantía, medida que fue finalmente aplicada por las autoridades del organismo.

En los fundamentos de la sanción, se destacó que el cumplimiento del deber de asistencia y dedicación al cargo es una obligación esencial de todo agente público, y que el incumplimiento reiterado configura una causal grave de despido.

Otro caso en la UPEFE

Días antes, el Ejecutivo provincial también había resuelto aplicar la sanción de cesantía a Renzo Fernando Calcatelli, trabajador de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE). El exagente, que se desempeñaba en el área de Infotecnología, acumuló 47 inasistencias hábiles no justificadas entre enero y mayo de 2023.

Según se detalla en el decreto oficial del 10 de junio, Calcatelli no informó los motivos de su ausencia y, como en el caso anterior, se garantizó su derecho a defensa a través de un sumario administrativo.

Además de su desvinculación, se instruyó a la Dirección General de Control de Gestión a verificar si durante ese período el exagente percibió haberes. En caso afirmativo, se iniciarán acciones legales para el recupero de los montos cobrados indebidamente, incluso a través de la Fiscalía de Estado.

Desde el Gobierno provincial reiteraron que “cada agente público tiene la responsabilidad de cumplir con su jornada laboral y justificar cualquier inasistencia”, y remarcaron que no habrá margen para la reincidencia ni la falta de compromiso en la función pública.

Fuente: Medios

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