La gestión de Rolando Figueroa profundizó en las últimas horas la depuración dentro de la administración pública provincial con una serie de cesantías y exoneraciones que incluyen casos de gravedad penal y otros vinculados a faltas disciplinarias.
Uno de los episodios más recientes involucra a Alfredo David Tarifeño, exagente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, quien se desempeñaba como chofer del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Según el expediente administrativo, fue cesanteado tras protagonizar un hecho violento el 3 de marzo de 2024.
De acuerdo con la investigación, el entonces agente ocasionó daños a un vehículo —un Fiat Duna— mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad. El episodio derivó en su demora policial y traslado a un centro de salud. Además, se determinó que el hecho ocurrió mientras cumplía funciones en Villa Traful, donde también arrojó piedras y generó destrozos durante un altercado con particulares.
Si bien el trabajador ejerció su derecho a defensa, los auditores concluyeron que su conducta fue inadmisible, lo que derivó en su expulsión definitiva del Estado.
Otras sanciones
En paralelo, el gobierno también dispuso la cesantía del exsargento primero Carlos María Cáceres, tras comprobar reiteradas faltas disciplinarias. El efectivo acumuló 102 días de arresto entre mayo de 2024 y abril de 2025, lo que motivó su expulsión de la fuerza.
Además, esta semana se firmaron nuevas exoneraciones en el marco de la causa por la estafa con planes sociales. Los sancionados fueron el abogado Alfredo Cury y la agente Laura Reznik, ambos pertenecientes al Ministerio de Gobierno.
La exoneración implica una sanción más severa que la cesantía, ya que conlleva la pérdida de derechos como empleados públicos. Estos casos se suman a los de otros exfuncionarios ya expulsados: Marcos Osuna, Pablo Néstor Sanz y Ricardo Soiza.
Según se determinó en la investigación administrativa —que avanzó en paralelo a la causa penal—, los implicados formaban parte de una estructura destinada a desviar fondos públicos dirigidos a familias vulnerables, entre 2020 y 2022.
El perjuicio económico fue estimado en más de 153 millones de pesos, mediante maniobras con tarjetas de débito y cheques. La Justicia ya declaró la responsabilidad penal de los involucrados y sostuvo que algunos de ellos se beneficiaron personalmente con los fondos.
Con estas decisiones, el Ejecutivo provincial refuerza su política de sanción frente a irregularidades dentro del Estado.
Fuente: Medios
