El Ministerio Público Fiscal (MPF) reformuló la acusación contra una pareja de Centenario y les atribuyó el asesinato de su bebé de 39 días, ocurrido en agosto de 2025. El fiscal del caso, Andrés Azar, sostuvo que ambos habrían actuado con extrema violencia en un contexto de maltrato reiterado y vulneración sistemática de derechos.
Se trata de M.E.M. (varón) y M.S.N. (mujer), quienes, según la imputación, cometieron el hecho el 30 de agosto de 2025 en una vivienda del barrio Nueva España de Centenario, donde convivían junto a otros dos hijos menores.
De acuerdo con la acusación, el bebé fue agredido mediante “golpes, sacudidas y compresiones”, lo que le provocó múltiples lesiones fatales. La autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneoencefálico grave y un traumatismo abdominal, compatibles con la aplicación de fuerza de alta intensidad.
El MPF también indicó que el niño presentaba lesiones de distinta data desde su nacimiento, ocurrido el 22 de julio, lo que daría cuenta de episodios previos de violencia. Además, se describió un cuadro de desatención grave, con falta de controles médicos, malnutrición y exposición a sustancias.
La acusación fue reformulada como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, en concurso real con lesiones leves y graves doblemente agravadas”.
Respecto de la mujer, el fiscal sostuvo que su participación se dio tanto por acción como por omisión en el deber de protección. También señaló un contexto de violencia ejercida por el imputado varón, junto a situaciones de vulnerabilidad y consumo problemático de sustancias, aunque aclaró que esto no excluye responsabilidad penal.
Otra investigación en curso
Durante la audiencia, Azar informó además que existe una investigación paralela por presunto abuso sexual, vinculada a informes forenses realizados en esta causa pero relacionados con otros niños del entorno familiar. Esa pesquisa se encuentra en etapa de entrevistas en cámara Gesell.
El fiscal planteó esta situación como uno de los fundamentos para solicitar medidas de coerción, ante un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Decisiones judiciales
El juez de garantías, Marco Lupica Cristo, tuvo por reformulados los cargos contra ambos imputados y fijó un plazo de cuatro meses de investigación.
En la misma audiencia, dispuso prisión domiciliaria con tobillera electrónica para M.S.N., al considerar riesgos de entorpecimiento del proceso, principalmente por la posible influencia en testigos. Rechazó la alternativa de comparendos periódicos solicitada por la defensa.
En tanto, M.E.M. continuará con prisión preventiva.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.
Fuente: Medios.
