En medio de nuevas protestas universitarias y del vencimiento del plazo judicial para ejecutar la norma, el Gobierno de Javier Milei presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Cámara Federal con el objetivo de que el caso llegue a la Corte Suprema y se suspenda la Ley de Financiamiento Universitario.
Según confirmaron fuentes oficiales, si la Cámara acepta el planteo del Ejecutivo lo remitirá al máximo tribunal. En caso contrario, no descarta avanzar con un recurso de queja para insistir con la revisión judicial.
La presentación fue realizada por la Procuración General del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio. En la Casa Rosada argumentan que la ley “no tiene definida la partida en el Presupuesto” y que su cumplimiento “es imposible”, además de insistir en que afecta la meta de equilibrio fiscal.
La norma obliga al Poder Ejecutivo a transferir desde este viernes $2,5 billones para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional. Esos fondos contemplan salarios docentes y no docentes, gastos operativos, servicios básicos, programas estudiantiles y hospitales universitarios.
La Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025 con respaldo opositor y tras masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública. Entre sus principales puntos, establece una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023 y un mecanismo de actualización mensual atado a la inflación medida por el INDEC.
También fija la actualización de partidas para funcionamiento —como luz, agua, gas y mantenimiento— con revisiones bimestrales, garantiza la continuidad de becas y dispone auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación. Desde su sanción, el Ejecutivo intentó frenar su aplicación. Primero lo hizo mediante el Decreto 759/2025, que suspendió la ejecución presupuestaria bajo el argumento de que el Congreso no había determinado la fuente de financiamiento y que la norma colisionaba con la Ley de Administración Financiera.
Esa decisión derivó en demandas judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y organizaciones estudiantiles, que denunciaron desfinanciamiento y afectación del derecho a la educación superior.
El 31 de marzo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó los planteos oficiales, ratificó la vigencia de la ley y fijó el plazo que vence este viernes para su cumplimiento. En paralelo, el Gobierno trabaja en un nuevo proyecto para modificar la norma y adaptarla al Presupuesto 2026, aunque todavía no logró consenso parlamentario para su tratamiento.
Mientras tanto, la definición política y judicial vuelve a concentrarse en la Corte Suprema, donde el oficialismo buscará revertir una ley que sigue vigente y cuya aplicación ya fue ratificada por la Justicia.
Fuente: Medios
