El proceso judicial tiene como principales imputados a los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, además de exfuncionarios de sus respectivas gestiones. La acusación sostiene que existieron sobrecertificaciones de avance de obra que permitieron gestionar nuevos desembolsos de fondos nacionales sin una ejecución real equivalente.
La primera audiencia se inició con los alegatos de apertura de las partes y con las declaraciones de tres testigos presentados por la fiscalía. Los testimonios se realizaron mediante Zoom y correspondieron a personas que participaron en las primeras denuncias del caso.
Entre ellos estuvieron Mónica Marchisella, la exfuncionaria nacional que formalizó la presentación judicial; Ariel Solar Grillo, asesor vinculado a la investigación; y José Lenkiewicz, fiscal de la Procuraduría.
La acusación fiscal
Durante la apertura del debate, los fiscales Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli expusieron dos hechos centrales investigados en el expediente.
El primero está relacionado con la gestión de Renzo Tamburrini. Según la acusación, durante ese período se certificó un avance de obra cercano al 71%, lo que habilitó nuevos envíos de fondos desde Nación. Sin embargo, las pericias posteriores determinaron que el nivel real de ejecución alcanzaba apenas el 42,21%.
Por este hecho están imputados el exintendente y sus exsecretarios Mauro Tamburrini, de Gobierno, y Ernesto Noel, de Obras Públicas.
La fiscalía sostiene que las “sobrecertificaciones” provocaron un perjuicio patrimonial para el municipio estimado actualmente en 793 millones de pesos, según una actualización realizada en marzo del año pasado.
El segundo hecho investigado involucra a Nelson Iribarren y a sus exsecretarios Claudia Alvariño y Miguel Mesa. En este caso, la acusación está vinculada a pagos realizados por movimientos de suelo con fondos enviados por Nación antes de la asunción de esa gestión.
Más testigos y pericias técnicas
Para este martes está prevista la declaración de ocho testigos, en su mayoría profesionales que participaron de las pericias técnicas sobre el nivel de avance de las viviendas.
Entre ellos figuran Franco Bova, exmayor de obra del área de Obras Públicas de Sierra Grande; Verónica Díaz y Alejandro Tolosa, integrantes del Tribunal de Contralor; Edgardo Javier Marcos y Yolanta Gaitán, del Gabinete de Criminalística; Cristian Angelicchio, arquitecto del IPPV; y Daniel Martín, ingeniero de la empresa constructora.
Según el cronograma previsto, entre este martes y el jueves declararán alrededor de veinte testigos más. El cierre de los alegatos finales de fiscales y defensores está previsto para el viernes 22.
Delitos investigados y defensas
La causa investiga presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal está presidido por Marcelo Chironi y también lo integran los jueces Guillermo Bustamante y Guillermo González Sacco.
La defensa de Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Noel está a cargo de Fernando Daniel Mayor, Pedro Vega y Juan Carlos Chirinos. En tanto, Nelson Iribarren y sus exfuncionarios son representados por Mariano Gestoso y Santiago Güenumil.
Durante la primera jornada, los abogados defensores adelantaron sus planteos preliminares y pedidos de sobreseimiento.
Fuente: Medios
